Paraguay: por qué destituyeron a Lugo, por Natalia Viana

21 noviembre, 2012

 

Julio César Franco, hermano del actual presidente, celebra con Enrique González Quintana el veto a la Cláusula Democrática Ushuaia II. Foto: ABC

 

El miércoles 22 de agosto, pocas cosas recordaban en Asunción, capital de Paraguay, la destitución del presidente en un juicio relámpago que dos meses antes sorprendió a todo el continente. Grupos de hombres jugaban dominó en la Plaza de la Democracia, vendedores ambulantes ofrecían cambiar dólares y estudiantes de uniforme iban y venían de los colegios en caserones coloniales; aparte de algunas pintadas en los muros que llamaban al actual presidente, Federico Franco, golpista –“las paredes hablan”, decía una de ellas–, la vida seguía su ritmo normal.

En la sede del movimiento Frente Guazú, coalición de izquierda que integraba el antiguo gobierno, el clima no era muy diferente. Cada miércoles el presidente depuesto, Fernando Lugo, acostumbraba tomarse el día; entonces no había allí el acostumbrado entrar y salir de ex ministros que aún se reunen diariamente con el ex jefe para planear una candidatura para las elecciones presidenciales de abril de 2013. Fue apenas por una decisión de última hora que se improvisó una grabación de un “comunicado a la nación” transmitido por Internet, una especie de continuación del discurso semanal que Lugo realizaba en la TV Pública cuando era presidente.

Sentado en su pequeño escritorio en el entrepiso del caserón –del otro lado de la calle queda la residencia presidencial, ocupada por su ex vice—y delante de la bandera paraguaya, Lugo se hallaba relajado, con una informal camiseta roja y sandalias de cuero, bromeando con su equipo y la reportera de Pública, que esperaba para la tercera de las tres entrevistas que tuvo con el ex presidente. “Hoy hace dos meses que se ejecutó en Paraguay un golpe de Estado parlamentario… Un golpe de Estado que no tuvo en cuenta la democracia participativa, no tuvo en cuenta su voto, su participación, su dignidad”, decía, apuntando hacia la cámara.

A pesar de haber sido el último presidente latinoamericano destituido de su cargo, en un juicio político que duró menos de 24 horas, clasificado como golpe institucional por organizaciones regionales como el Mercosur y Unasur, Lugo permanecía, como permaneció durante la mayor parte de su gobierno, desconcertantemente tranquilo. “Yo lo veo muy bien”, comenta el militar que es su escolta personal desde la época de la presidencia. “Parece que hasta está menos preocupado…”.

Durante cuatro años, Lugo gobernó con el parlamento más arisco de América Latina — apenas 3 diputados de 80 y 3 senadores de 45 eran del Frente Guazú–, contando sólo con una frágil alianza con el Partido Liberal de su vice. “No teníamos cuadros, no teníamos apoyo político, era sólo confrontación”, resume, melancólico, en una tarde calurosa en su residencia de la capital paraguaya. “Cuando me eligieron en 2008, pensaron que me tendrían como a un bufón de ellos, pero yo me niego”, dice, refiriéndose a los liberales, la segunda mayor fuerza política del país. Entre frases pausadas, suspira: el poder, de hecho, nunca fue totalmente suyo. “Yo sabía que terminaría así”.

Representante de la Teología de la Liberación, Fernando Lugo era conocido como el “obispo de los pobres” hasta que renunció a los hábitos en 2006. Obispo de la diócesis de San Pedro, una de las regiones más pobres del país, coordinaba las comunidades eclesiásticas de base y trabajaba directamente con los movimientos campesinos y sin tierra. Al optar por la política, fue suspendido por la iglesia católica, pero siguió su trayectoria siempre cargado de religiosidad, aunando un aura católica con un discurso progresista en favor de los campesinos y de la redistribución de la riqueza. La popularidad lo cosagró y el Partido Liberal, arraigado en todo el país, proveyó la estructura, abrazando una oportunidad única de finalmente llegar al gobierno; la alianza, mientras tanto, sería arenosa.

Lugo venció por diez puntos porcentuales, poniendo fin a 60 años de dominio del Partido Colorado, el mismo del antiguo dictador Alfredo Stroessner.

El general Bareiro Spaini, a la izquierda de Fernando Lugo, cuando era su ministro de Defensa. Foto: Diario Ultima Hora

 

Nada de nuevo

El fin repentino del gobierno de Lugo no llegó a ser una sorpresa –basta leer la cobertura de la prensa paraguaya en los últimos cuatro años. Poco después de la asunción, en agosto de 2008, el término “juicio político” –versión paraguaya del impeachment—pasó a figurar repetidamente, de manera casi banal, en las sesiones del congreso y en las páginas de los diarios. “Yo no tengo miedo porque no encuento motivos lógicos, válidos, para que el Presidente sea juzgado políticamente por el parlamento nacional”, declaró ya en febrero de 2009, en una conferencia de prensa. “No cometí ni falté a la Constitución Nacional en el desempeño de mis funciones”. En la época no había un motivo concreto, más allá del rumor de que el ex presidente Nicanor Duarte Frutos tramaba su derrocamiento con el general Lino Oviedo, líder del partido Unace (disidencia ultraderechista del Partido Colorado), hombre que intentó dar un golpe de Estado – militar– en 1996. Justo antes de la asunción, Oviedo apostaba con el ex-presidente Nicanor Duarte Frutos que Lugo “iría a durar apenas 3 a 9 meses en el cargo”.

En cada nuevo escándalo que involucraba al gobierno o a Lugo, las dos palabritas volvían a sonar. Los partidarios del ex-presidente contabilizaron 23 tentativas de miembros del Congreso de someterlo a juicio político. A fines de 2009, el senador liberal Alfredo Jaeggli, uno de los más aguerridos promotores de la causa, hablaba abiertamente a la prensa sobre un plan para destituír al presidente en seis meses, “antes de que se fortalezca”. “Quiero que este señor se vaya”, afirmaba. Dentro del Partido Liberal, presuntamente aliado del gobierno, el impeachment tenía un apoyo de peso: Julio César Franco, o “Yoyito”, hermano del vicepresidente Federico Franco. Yoyito también hizo sus apuestas cuando, en la misma época, surgieron noticias de que Lugo había tenido tres hijos cuando todavía era sacerdote, lo que generó un nuevo escándalo político. Explicó a un periodista que el hecho era “inmoral”, pero que todavía Lugo no se iba. “Debe ser un hecho más político aquel que lleve a Lugo a un juicio político a Lugo”, afirmó. Aprovechando el momento, Federico Franco también hablaba abiertamente de su ambición de ocupar del cargo. “El domingo, hicimos una entrevista en un desayuno con el vicepresidente Federico Franco, que apenas terminó de expresar su apoyo a Lugo, nos recordó que estaba capacitado para sustituirlo en caso de un eventual juicio político”, relató el periodista Nicasio Vera, del periódico ABC Color, en diciembre de 2009, en un editorial titulado “La angustia de Federico”.

“Fue una pesadilla constante”, recuerda el presidente depuesto. “Trabajábamos con muchas desconfianzas y dudas sobre sus intenciones. Pero no había otra alternativa”.

Más allá de su vice, el gobierno de Lugo desagradaba a gran parte de los congresistas. “Ningún gobierno fue interpelado por el Congreso tantas veces como nosotros”, dice, suspirando, una señora bajita y gordita, de mirada firme y expresión cansada. Reconocida dentro y fuera del círculo de Lugo como su mejor ministra, Esperanza Martinez fue titular de Salud del primero al último día de gobierno. Mirando al techo, en una entrevista en la sede de Frente Guazú, intenta recordar cuántas veces fue a prestar declaración ante los diputados: “Vea, fueron más de 50 veces a lo largo de los cuatro años… Cada 2, 3 semanas tenía que ir a explicar los gastos en recursos humanos, en tal licitación… Me ofendían. Una vez dijeron que era muy gorda para ser ministra de Salud”. Al frente de la cartera, fue responsable de la mayor –y más sutil— afrenta a los partidos que tradicionalmente han gobernado la política paraguaya: la salud gratuita.

El intento de universalizar el servicio de salud combatía de una vez dos enfermedades: la corrupción de los funcionarios, que se guardaban parte de la caja chica de los hospitales, y el clientelismo político. “Antes tenías que estar afiliado a un partido para conseguir cama en el hospital o una ambulancia. Si tenías un problema de salud, tenías que ir a un político local o a la sede de un partido… Lo que hicimos fue devolver el servicio de salud sin ninguna intermediación de los partidos”. En Paraguay, la lealtad al partido pasa de padre a hijo. El Partido Colorado es uno de los mayores, en número de afiliados, de América del Sur: casi dos millones. El Partido Liberal tiene 1,2 millones. Sumando los dos se obtiene casi la mitad de la población total del país, de 6,5 millones. Para tener una idea, el PMDB, mayor partido de Brasil, tiene 2,3 millones de afiliados; el PT tiene 1,5 millones.

Otro miembro del gobierno que enfurecía a colorados, liberales y asociaciones de propietarios de tierras era el ingeniero agrónomo Miguel Lovera, que asumió el Senave, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas en abril de 2010. Su mayor pecado fue decretar la resolución 660, que dictaba normas para la aplicación de agrotóxicos, estableciendo la necesidad de una autorización para realizar fumigaciones aéreas y terrestres, y de avisar a los vecinos con 24 horas de antelación, indicando los productos a ser utilizados y su grado de toxicidad.

El ex-director del Senave también se ganó la ira del sector agroexportador, en especial de la soja –Paraguay es el cuarto mayor exportador mundial– al aumentar los requisitos. El sector convocó a un tractorazo –protesta en que los tractores bloquearían los caminos del país– para el día 25 de junio. No habría tiempo suficiente.

Empero, en un juego de ajedrez complicado para quien no conoce la política paraguaya, el ex presidente contaba, para no ser depuesto, con el inusitado apoyo del propio Partido Colorado, que no quería un impeachment que terminase en la asunción del vice liberal: “Los liberales nunca tuvieron ayuda del Partido Colorado. Siempre estuvo seguro de que no aceptarían un juicio político para colocar a un liberal como presidente”, dice Lugo. “Los propios miembros del Partido Colorado me decían: ‘Quedate tranquilo, no va a ocurrir nada, no tienen los votos sin nosotros…”

La relación de Lugo con su vice era “tensa, por decir lo menos”, en la visión de la embajadora norteamericana Liliana Ayalde, que envió más de 15 comunicaciones a Washington sobre movimientos en pos de un impeachment, filtradas por WikiLeaks. En un país con una institucionalidad frágil, la embajada norteamericana fue siempre uno de los más importantes centros de poder –y lugar favorito para las discusiones sobre la destitución del presidente.

“Los tiburones políticos alrededor de Lugo continuan rodéandolo en busca de espacios de poder”, escribió Ayalde el 6 de mayo de 2009.  “Rumores dan cuenta de que el golpista general Lino Oviedo, el ex-presidente Nicanor Duarte Frutos, y/o el vice-presidente Federico Franco continúan buscando maneras de acortar el mandato de Lugo. La mayoría de las teorías se basan en un impeachment contra Lugo, lo que requeriría 2/3 de los votos en la Cámara para hacer la acusación y 2/3 en el Senado para condenarlo”, describía Ayalde, con precisión. “El resultado de esta ecuación parece ser la propia versatilidad de Lugo y la fuerza (que nos tiene sorprendidos), la capacidad de sus oponentes de ejecutar un golpe democrático (que esperamos que no nos tome por sorpresa) y el factor del tiempo”, concluía la embajadora norteamericana.

 

Fernando Lugo, presidente depuesto de Paraguay. Foto de Milciades Rodríguez

 

Mi amiga Ayalde

Inicio de agosto de 2012. En el celular blackberry del ya ex presidente Fernando Lugo brilla un mensaje cariñoso enviado por Liliana Ayalde a su email personal. “Espero que esté bien. Votos por su mejoría”. Lugo conversaba con esta reportera sentado en el sofá del lobby del hotel Tripp, en São Paulo, donde estaba hospedado para seguir el tratamento del cáncer linfático que lo atacó en 2010. De ahí el mensaje de Ayalde.

Sustituída en la embajada en 2011 –había asumido el cargo 4 días antes de la asunción de Lugo–, Liliana subió en la jerarquuía y hoy es reponsable para el Caribe, América Central y Cuba en el Departamento de Estado de Hillary Clinton. “Ella es mi amiga. Quiero decir, era mi amiga…”, dice Lugo, en tono vacilante. “Bueno, ella me salvó. En los documentos de Wikileaks de Paraguay se ve que muchos líderes de la oposición iban a pedirle que me sacase del poder”.

Un relato de diciembre de 2008 muestra cómo, apenas quince días después de la asunción, Ayalde escribió sobre “un torbellino de rumores y noticias exageradas en la presa” sobre un golpe de Estado. Las informaciones venían de una reunión entre Lino Oviedo, Nicanor Duarte y el entonces presidente del Senado, Enrique Gonzalez Quintana, tambien del partido Unace. Escribió Ayalde: “Gonzalez Quintana hizo numerosas tentativas de contactar a la embajadora el 1 de septiembre, cuando la historia se filtró. Conciente de la voluntad de los paraguayos de meter a los EUA en sus disputas internas, ella no respondió los mensajes”. El cable lleva el título “Rumores de golpe: apenas un día normal en Paraguay”.

Tres días antes, Lugo había comido con Ayalde en su residencia, donde le dijo querer mantener reuniones “oficiales y no oficiales, de manera discreta”, de acuerdo con el documento de WikiLeaks. Entre comentarios personales –contó que le gustaba caminar al amanecer en la residencia, oír música y que tocaba  la guitarra– utilizó la ocasión para poner a prueba la postura de la nueva embajadora. “Lugo constató que fue una práctica frecuente en la historia del Paraguay que la embajada se entrometiese en los asuntos internos”, relata Ayalde. “La embajadora agradeció por la observación y aseguró que estilos diferentes son apropiados para tiempos diferentes, pero que su intención era respetar la soberanía de Paraguay y garantizar el éxito del entonces presidente”.

Un año después, el secretario adjunto del Departamento de Estado para el hemisferio, Arturo Valenzuela, reiteró el apoyo al gobierno de Lugo. En visita al país, después de oír un torrente de críticas de los parlamentarios y comentarios sobre el impeachment pendiente –con la debida explicación de que no se trataría de un “golpe”–, Valenzuela terminó con las habladurías. “Valenzuela comprendió que un proceso constitucional de impeachment no es igual a un golpe, pero advirtió que Paraguay no debería usar el impeachment como un mecanismo para resolver problemas de corto plazo sin considerar cuidadosamente las consecuencias”, relata otro cable, del 31 de diciembre de 2009.

La misión diplomática norteamericana, claro, jamás cerró totalmente las puertas a las voces que pedían repetidamente la destitucion de Lugo. Muchas veces los líderes de la oposición eran fotografiados por la prensa al salir, orgullosos, de reuniones en la embajada. Pocos integrantes del gobierno llamaban; uno de ellos, un fervoroso general nacionalista, fue el único en protestar vehementemente. Cayó.

 

Cae el ministro de Defensa

Es muy difícil señalar el momento exacto en que el frágil equilibrio de los apoyos al gobierno de Lugo se desmoronó. Pero pregunte a un general retirado, de ojos pequeños y gestos enfáticos, y él precisará el mes de febrero de 2010 como el comienzo del fin.

Bareiro Spaini fue el elegido de Lugo para asumir el Ministerio de Defensa en su frágil gobierno. Ya en la reserva, Spaini contaba con una elevada reputación no sólo entre los militares, sino también entre los civiles –fue el primer juez de un tribunal militar, en Paraguay, en condenar a prisión a otro general por corrupción. Era él quien aparecía al lado del presidente por cadena nacional, junto a los comandantes militares, en las repeticas ocasiones en que los rumores de impeachment ganaban fuerza.

El general, como Lugo, vivía a las piñas con los parlamentarios paraguayos, habiendo perdido la cuenta de cuántas veces fue convocado al Congreso para una interpelación. Cuando vuelve a relatar la história, conserva todavía una irritación profunda. “Me interrogaron en el Congresso muchas veces”, dice Spaini. “Me llamaron por causa de la llegada de un avión venezolano al aeropuerto sin haber pasado por los registros oficiales. El ministro de Defensa también fue al Congreso para eso; no importa se tenía o no responsabilidad en el asunto. Una vez, me pidieron explicaciones sobre una joven que fue muerta del lado brasileño y luego llevada al lado paraguayo de la frontera… Y me preguntaron por una banda militar de una ciudad donde se cerró un cuartel, ¡por qué la ciudad fue dejada sin su banda!”.

La tempestuosa relación con los parlamentarios, relata Spaini, tuvo su inicio en una comida con los presidentes de las comisiones de Defensa del Senado, el colorado Hugo Estigarribia, y de la Cámara, Mario Morel Pintos. “Uno de ellos me preguntó: ‘¿Qué piensa de los norteamericanos?’ Me gusta el pueblo norteanericano, son gente buena, amable. ‘¿Y qué piensa de aliarnos a los norteamericanos?’ Pienso que no es posible, , racionalmente hablando, a raíz de la asimetría pronunciada entre nuestros países. ¿Qué les importaría a ellos, una superpotencia, qué tipo de alianza estratégica tienen con Paraguay? A no ser que fuesen a establecer una base aquí. ¿Por qué me preguntan? ‘Porque pensamos que sería interessante invitarlos a que vengan a instalar sus bases aquí”.

Spaini –conocido por no medir sus palabras– quedó profundamente ofendido con la sugerencia: “Entonces, dije, ¿de qué soberanía nacional estamos hablando si el propio Estado paraguayo no está en condiciones de defender a su pueblo, a su propio territorio? ¿En qué condiciones quedaría el glorioso ejército paraguayo, como usted dice? No tendría sentido su existencia. ¿Es eso que lo ustedes quieren?”, vociferó el ministro. La relación se agrió a partir de allí.

Mucho más allá de la acalorada palabrería, la disputa era profunda y marcaría todo el gobierno de Lugo. Spaini era abiertamente favorable a la formación de la Unasur y de una alianza militar regional, en detrimento de una continuada aproximación militar con los Estados Unidos y Colombia –fue responsable del fin de un programa de entrenamiento que permitía la presencia de militares norteamericanos en Paraguay. “La mejor manera de desalentar cualquier posibilidad de conflicto regional es incrementar la colaboración”, explica.

El mandato del incómodo ministro tuvo fin dos años después, con otro arrebato típico del general. Mientras políticos opositores –y liberales—continuaban intentando buscar apoyo para el impeachment en la embajada norteamericana, Bareiro fue el único ministro en protestar vehementemente.

El detonante llegaría el 19 de febrero de 2010. Invitado a un almuerzo oficial realizado en la embajada norteamericana, el ministro envió a su viceministro, general Cecílio Pérez Bordón. Lugo no estaba presente. En la mesa, la anfitriona Liliana Ayalde reunió a un grupo de generales norteamericanos que visitaban el país, un general de las fuerzas armadas paraguayas, el vicepresidente Federico Franco y el senador colorado Hugo Estigarribia. Según el relato de Spaini, la embajadora planteó el asunto. Spaini relata: “Franco, el senador y otro civil reclamaron por las actitudes del ministro de Defensa. Después se pasó al tema del juicio político al presidente. Y los militares ahí, solamente escuchando. Entonces, el viceministro intervino, en guaraní, diciendo que sería interesante cambiar de tema, discutir de estas cuestiones domésticas en otro lugar, pues era una embajada extranjera…”.

Al salir del almuerzo, consternado, el viceministro de Defensa habría dicho a la embajadora: “Nunca la pasé tan mal en un almuerzo como en este. Te informo que, lamentablemente, no volveré a pisar aquí”.

Poco después, Spaini escribió una carta ofendida expresando su “inesperada sorpresa, próxima al increíble asombro”, diciendo que el evento podría poner en riesgo las relaciones entre los gobiernos de Paraguay y los Estados Unidos. Escrita en español, la carta fue enviada a la embajada norteamericana con copias al Comando Sur de las Fuerzas Armadas Americanas y al Pentágono. “En particular, resultan inadmisibles e intolerables las palabras de sentido panfletario y demagógico sobre ‘la pésima gestión administrativa del Presidente Fernando Lugo que lo hace merecedor de un urgente e innegociable juicio político’”, decía la carta.

En algunos días, la carta se filtró a la prensa. “Grosera carta del ministro a la embajadora de EEUU”, decía el periódico conservador ABC Color, que la publicó íntegra. Dentro del gobierno, el vicepresidete y los ministros liberales espumaban de rabia por la ofensa a la representante norteamericana. Lugo contemporizaba. “La embajadora, después de unos días, afirmó que era una cuestión personal, que todo estaba superado… Pero el senador

(Estigarribia) insistió en que se ofendió a la embajadora, que se ofendió a un país amigo, que pasé los límites…”, recuerda Spaini. “Aquí fueron más papistas que el Papa”.

La gestión de Spaini duró apenas cinco meses tras el episodio. Bajo presión del Congreso –que se negó a aprobar el presupuesto militar–, el general renunció. “Renuncié contra la voluntad del presidente”, dice Spaini. “Yo le dije que la única salida para esa situación era mi salida, para no comprometer a su gobierno. Y dije, en entrevistas a una radio, que yo estaba convencido de que se apuntaba al presidente de la República, y que el próximo sería él”.

En conversación con Pública en su casa, el general Cecílio Pérez Bordón – que asumió la cartera de Defensa tras la salida de Spaini—no quiso comentar el fatídico almuerzo: “Es un asunto ya terminado”. La primera visita invitada por él al gabinete fue la misma Liliana Ayalde. “Continuamos trabajando, haciendo sociedad con ellos”.

¿Pero y la promesa de no poner el pie nunca más en la embajada? “Jamás pisé de nuevo”.

 

Fernando Lugo se reúne con representantes de la Unasur en el palacio presidencial en la noche del 21 de junio

 

Curuguaty: matanza en un estado de frontera

15 de junio de 2012, mediodía. Fernando Lugo está en una feria de exposiciones del Ministerio de Educación, en el centro de Asunción. Sabe que aquella mañana habrá un desalojo en el distrito fronterizo de Canindeyu, cercano al municipio de Curuguaty. Se trataba de un terreno de 2.000 hectáreas reivindicado por la empresa Campos Morumbi S.A., de propiedad de Blas N Riquelme, ex-presidente del Partido Colorado. Pero nada de eso lo preocupa: se trataba de un desalojo común, uno más entre las decenas que ocurrieron durante su gobierno. “Cuando subimos al helicóptero, Alcides Lovera a mi lado, él escucha en la radio que el hermano fue herido. Cuando llegamos a la residencia presidencial, ya había fallecido”.

Erven Lovera, hermano del jefe de seguridad presidencial que estaba siempre al lado de Lugo, fue el primer policía en caer en el episodio que se volvió conocido a nivel nacional como “la matanza de Curuguaty”, un trágico conflicto entre policías y los sin tierra durante un desalojo. Otros cinco policías murieron y, tras un breve y confuso enfrentamiento, se confirmó la muerte de once campesinos. Considerado el gran responsable de la tragedia, Lugo fue destituido de la Presidencia una semana después por el Congreso Nacional.

“Le dije a Lovera que se quedara con su familia y comencé a comunicarme con todo el mundo. Quedé en comunicación continua con el ministro del Interior y la Policía. En ese momento nos dedicamos a socorrer a heridos y muertos. Fue la prioridad”, recuerda Lugo. Había dudas sobre si el Presidente debía ir al lugar inmediatamente. Después de algunas horas de incertidumbre, la ministra de Salud Esperanza Martinez tomó un avión hacia allí. Lugo no fue.

En Asunción, el jefe de Gabinete de la Presidencia, Miguel Lopez Perito, también supo de la matanza a través de miembros de su escolta. “Fue una casualidad, un militar me dijo que hubo un enfrentamiento en Curuguaty y mataron al hermano del jefe de seguridad de Lugo. Y me dijo: parece que hay más muertos”. Señalado por la prensa como un ‘monje negro’ del gobierno, López Perito fue a la residencia del presidente. “Ahí tuvimos una reunión con los comandantes del Ejército, de la Armada y de la Aeronáutica, y también con el jefe del gabinete militar, el comandante de Policía, el ministro del Interior y algunos otros ministros”, recuerda. “Yo dije: ‘Presidente, este es el inicio del juicio político”.

Perito no consiguió convencer a sus pares, ni al Presidente, de que se trataba de un complot para destituirlo. El clima en el palacio todavía era de estupor cuando, ese viernes, los primeros congresistas comenzaron a invocar las palabras “juicio político”.

“Creo que las 17 muertes dolieron mucho al presidente Lugo”, dice el ex ministro de Planeamiento, Hugo Royg. “Lugo, por esencia, no es un actor político, es un actor eclesial, formado en esa lógica. Un actor que esencialmente escucha”.

Fue así que, en el ajedrez luguista, al amanecer del sábado, mientras el periódico ABC Color traía el titular “La República atraviesa una de sus horas más oscuras” con un editorial de tapa que comenzaban con “El presidente Luego es el responsable de esta lamentable tragedia”, el Presidente trabajaba para resolver la situación nombrando como nuevo ministro del Interior a un notorio colorado: el ex procurador general de la República, Rubén Candia Amarilla. La elección de Amarilla, desafecto a los movimientos sociales del campo, agitó aún más los ánimos liberales, creó desconfianzas dentro del gobierno y acabó por disgustar a todos.

En los bastidores, algunos ministros trabajaban para mostrar que habría una reacción enérgica y que el crimen no quedaría impune. El plan era formar una comisión de “notables” que haría una investigación paralela sobre la masacre, “dando más transparencia al proceso”, según Hugo Royg. Consiguieron la adhesión de una hacendada de la región de Canindeyu y de un renombrado periodista del ABC Color. Fue como echar nafta al fuego.

La iniciativa fue vista como una afrenta para las fuerzas policiales –o fue así que diversos opositores se refirieron a ella a través de la prensa. Según López Perito, lo que estaba en juego era otra cosa: “El lunes 18 de junio tuvimos una reunión al mediodía donde estaba el presidente del Partido Liberal, tres senadores liberales, varios militares, la ministra de Salud, el Procurador general de la República… Y estaban Emílio Camacho, asesor jurídico de Lugo, y yo. Fue en la casa del senador (Alberto) Grillon. Y ahí Blas Lano [presidente del Partido Liberal] dijo que ellos no podían seguir sosteniendo a este gobierno, porque no sabían qué quería este gobierno”, recuerda Perito. “Dijo que si no les dábamos la fórmula presidencial para 2013, si Lugo no les garantizaba que ellos pondrían el candidato a presidente, no frenarían el juicio político en la Cámara”.

“Bien, lo que vino después fue muy rápido”, cuenta. “Llamamos a los colorados, y algunos me decían ‘Esto es una locura, no se puede entregar el gobierno al Partido Liberal”, recuerda el ex jefe de Gabinete. En el ala colorada, dice, quien más trabajó por el juicio político fue Horacio Cartes, empresario con tierras en la frontera, candidato a la Presidencia en 2013 –y probable vencedor de las elecciones, según la revista The Economist.

Lugo seguía incrédulo y vacilante. Como siempre. “Pero también, como ya habían hablado 23 veces del impeachment en tres años y medio en el parlamento, yo creía que sería como las otras veces”, se justificó. “Esta vez fue diferente porque hubo una reunión de líderes de los partidos políticos el miércoles, día 29. Yo sabía. Y ahí cerraron…”. Esa misma noche, con buena parte de su gabinete todavía en la residencia oficial, Lugo se fue a dormir a las 22.00, como de costumbre.

La calma del ex obispo, motivo de críticas constante durante su gobierno, sorprendió a sus colaboradores cercanos. “Él ya estaba cansado, decía: ‘Si quieren hacer el juicio, que lo hagan’”, contó uno de ellos. “Pero eso, está claro, es una observación personal. No se entrega así un gobierno”. Cuando se fue a dormir, Lugo contaba, según las últimas encuestas, con una aprobación creciente: cerca del 40% de los paraguayos consideraba a su gobierno bueno o muy bueno.

Se despertó con el impeachment inminente.

“Fue en ese momento que supe que se acabaría”, dice.

Ese miércoles, cuenta Esperanza Martinez, “percibíamos que la temperatura estaba subiendo adentro del Partido Liberal. Ya estaban muy distantes, muchos decían que harían el juicio político. Entonces muchos de los colaboradores nos aproximamos al presidente, pedimos por favor que negociase con ellos. Él intentó hablar por teléfono. No atendían”.

Cae el obispo

El jueves 21 de junio fue, efectivamente, el último día de gobierno del primer presidente de centroizquierda en llegar al poder en la historia de Paraguay. La Cámara de Diputados ya discutía el juicio político a todo vapor; esa misma noche elaboraría y presentaría el libelo acusatorio, documento que fundamentaría la destitución. Con base en él, el Senado votaría como juez.

Esa mañana, José Tomás Sánchez, ministro de la Función Pública, participaba de un seminario con otros miembros del gobierno. Sánchez, que era el ministro más nuevo, no recuerda bien sobre qué habló. Apenas recuerda que el teléfono no paraba de sonar. “Un montón de llamados de la secretaria. Y el teléfono de todo el mundo sonaba. Renunció el ministro liberal. ‘Nuestra señora’, pensaba yo. Cuando la palabra era mía, el otro ministro miraba sus mensajes. Los liberales estaban renunciando, uno por uno, y, viendo aquello, en la mesa, cundió la desesperación”.

Los principales ministros liberales, como Enzo Cardoso, de Agricultura, y Humberto Blasco, de Justicia y Trabajo, renunciaron por turno a las 11 horas.

En la embajada brasileña, la ficha caía a esa misma hora. Hasta entonces, el cuerpo diplomático tuvo cautela de no poner en acción a la cúpula de Itamaraty, entretenida en las negociaciones de Rio + 20, evento de la ONU sobre medio ambiente que tuvo lugar en Rio de Janeiro. “Considerábamos que era una crisis más”, dice una fuente de Itamaraty. “Lo que veíamos era que no había ninguna relación directa de hecho entre la masacre de Curuguaty y el Presidente”. El jueves por la mañana, se accionó la alarma. “A mediodía llamé a (la presidente de Brasil) Dilma (Rousseff) y a(l presidente de Uruguay, José) Mujica”, dice Lugo.

En el encuentro Rio+20, el canciller paraguayo Lara Castro pidió allí mismo una reunión extraordinaria de Unasur. “La verdad es que cuando recibí la noticia por teléfono no fue una sorpresa”, dice. Las informaciones hablaban con el tono de urgencia pasado por la embajada brasileña en Paraguay. La reunión fue presidida por Dilma Rousseff y contó con los presidentes José Mujica de Uruguay, Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales de Bolivia, Sebastian Piñera de Chile y Juan Manuel Santos de Colombia. Esa misma noche, una delegación de cancilleres de los países que componían Unasur –Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Guyana, Surinam y Venezuela– aterrizaría en Asunción.

“Les expliqué que había los elementos de un golpe de Estado”, recuerda Lara Castro. “Había un proceso tan acelerado que sería condenable por la cláusula Ushuaia II”. La llamada “cláusula democrática”, firmada por los presidentes del Mercosur en la reunión de Montevideo en diciembre de 2011, establece sanciones a los países miembros en caso de ruptura democrática –desde la suspensión de la organización hasta la suspensión del tráfico áereo y terrestre y de la provisión de energía.

Lugo, como los demás presidentes, firmó la cláusula, pero ante la reacción del Congreso, jamás la envió para su sanción. “Después de que firmamos la cláusula, la campaña por el impeachment fue permanente en la prensa. Fue un bombardeo en enero y febrero, hubo una amenaza constante”, dice Lara Castro. “Los periódicos nos llamaban traidores a la patria, pedían juicio político a Lugo e interpelación a mí”.

La clásula de Ushuaia 2, aún sin haber sido oficialmente sancionada, sería uno de los cinco motivos, junto con la matanza de Curuguaty, apuntados por la Cámara de Diputados como causas de la destitución. Cuatro meses después, los diputados la rechazaron por amplia mayoría.

 

 

El embate final

En la noche del jueves 21 de junio, la Cámara de Diputados presentó el libelo acusatorio (vea una copia aquí). Lugo fue notificado a las 18:10, dejando a su equipo de defensa 17 horas para preparar su argumentación. Al mediodía del viernes, delante de los 45 senadores, tendría dos horas para refutar las cinco acusaciones listadas en el libelo.

Esa noche, con el reloj en cuenta regresiva, el diputado colorado Oscar Tuma, principal abogado de la acusación, protagonizó un histórico choque con el abogado de la defensa de Lugo, Antonio Ferreiro, en vivo por televisión. Fue el más extenso debate sobre el juicio político, acompañado con avidez por el público paraguayo. Fue allí que Ferreiro tuvo tiempo de exponer su principal argumento: “Cuando se tienen cinco acusaciones, dos horas para la defensa es un fusilamiento”, repetía, irritado.

En respuesta, calmadamente, el diputado Oscar Tuma explicaba que “un juicio político generalmente se hace cuando hay muertes”. “Podemos aguantarnos muchas cosas, estuvimos aguantando muchas cosas que están en las ‘causales’ de la acusación, que se dieron años atrás. Pero cuando hay muertes…” Para Tuma, no había otro responsable por los traumáticos eventos de Curuguaty: “Si usted me pregunta quién es el responsable de todas esas muertes, yo voy a responder: Fernando Lugo es responsable por todo lo que estamos viviendo”.

Ferreiro, renombrado jurista, llegó a decir que poco le preocupaba que se juzgase al presidente. Su irritación crecía a lo largo del debate, mientras gesticulaba ansiosamente. “Repito, porque esto es grave: estamos destrozando la vigencia de los principios jurídicos occidentales en Paraguay. Esto nos va a costar caro”, dijo. “El concepto de responsabilidad política en un juicio político está establecido en la doctrina. No es que pruebe que hubo 17, 1.700 o un muerto. Tiene que haber una relación causal en un comportamiento de violación específica, puntual, concreta, demostrable, probable. Solucionar esta crisis va a llevar veinte años”, concluyó, exasperado.

 

El impeachment debe “servir de lección a futuros gobernantes”

Con apenas nueve páginas, el documento que fundamentó el impeachment de Lugo es impresionante.

Según la Constitución Paraguaya, promulgada en 1992, el presidente, los ministros, el procurador general de la República, el controlador general, los integrantes del Tribunal Superior electoral, pueden ser destituídos por el Congreso por “mala gestión” –acusación usada contra Lugo. Los fundamentos presentados son cinco.

Primero, el Congreso acusa a Lugo de la realización, en mayo de 2009, del II Encuentro Latinoamericano de Jóvenes por el Cambio, realizado en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas. El hecho, considerado gravísimo y tachado de “acto político” en el seno de las Fuerzas Armadas, causó aún más consternación porque los jóvenes alzaron una bandera del Che Guevara durante el encuentro.

A continuación, el libelo menciona lo que llama el “caso Ñacunday”, refiriéndose a diversas ocupaciones de tierras realizadas en el distrito del mismo nombre, cercano a al frontera con Brasil y la Argentina.

El documento dice que el gobierno de Lugo es “el único responsable como instigador y facilitador de las recientes invasiones de tierra en la zona”. La acusación remite a una candente cuestión fronteriza. Después de la promulgación de un decreto presidencial en octubre de 2011 que determinaba que las tierras a 50 kilómetros de las fronteras no podían, por ley, pertenecer a extranjeros, el Congreso acusa al gobierno de Lugo de haber “ingresado en inmuebles de colonos bajo el pretexto de realizar el trabajo de demarcación de la franja de exclusión fronteriza”, pero en realidad permitiendo que la Asociación Nacional de Carperos (sin tierra) comandase el ejército. La acusación, al final, es la de que Lugo “utiliza a las fuerzas militares para generar un verdadero estado de pánico en la región”.

Peor: el Presidente “se mostraba siempre con las puertas abiertas para los líderes de esas invasiones”, como José Rodriguez y Eulálio Lopes, dirigentes de la Liga Nacional de Carperos, y Victoriano Lopez, líder campesino de la zona de Ñacunday. Al reunirse con ellos, en la visión de la Cámara de Diputados, Lugo estaba “dando un mensaje claro” de su “incondicional apoyo” a los “actos de violencia y comisión de delito”. O sea: la acusación contra Lugo es la de mantener diálogo con los líderes campesinos.

El tercer punto es descripto, genéricamente, como la “creciente inseguridad”. Según la Cámara de Diputados, “quedó más que demostrada la falta de voluntad del gobierno de combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo” –una pequeña guerrilla situada en el norte del país. “Todos los miembros de esta honorable Cámara de Diputados conocemos los vínculos que el presidente Lugo siempre mantuvo con grupos de secuestradores” del ala militar del EPP, prosigue el documento, sin mayores detalles.

Más allá de eso, argumenta la cámara, Lugo y sus ministros actuaron de forma “absolutamente equivocada” al tratar la matanza de Curuguaty. ¿El crimen? “Tratar de manera igual a los policías cobardemente asesinados y a aquellos que fueron protagonistas de estos crímenes” –los primeros serían los policías y los segundos, los campesinos.

La cláusula democrática de Ushuaia II es descripta, en letras mayúsculas, como “UN ATENTADO CONTRA LA SOBERANÍA” del país. “La principal característica del Protocolo de Ushuaia II y la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en nombre de la ‘defensa de la democracia’, defenderse unos a otros”.

A continuación viene el último y más extenso punto, la matanza de Curuguaty, cuya introducción establece que el Prsidente “representa hoy lo que hay de más nefasto para el pueblo paraguayo”.

“No cabe duda de que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos registrados recaen sobre el presidente Lugo”. Los diputados reiteran su certeza de que el conflicto de Curuguaty fue premeditado y de que las fuerzas de seguridad fueron víctimas de una “emboscada” armada en el lugar.

Junto a esas gravísimas sospechas, que, de ser confirmadas, jamás justificarían el impeachment de un presidente en cualquier país democrático, la acusación no presenta ninguna –ninguna– evidencia. Explica el documento: “todas las causales mencionadas más arriba son de notoriedad pública, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico”.

Va más allá. “Todas las evidencias, que son públicas, nos demuestran que los acontecimientos de la semana pasada no fueron fruto de una circunstancia derivada de un descontrol ocasional. Por el contrario, fue un acto premeditado, donde se emboscó a las fuerzas de orden público, gracias a la actitud cómplice del Presidente de la República”, dice la parte final de la acusación. Que concluye con un alerta: Lugo “no solamente debe ser removido por juicio político, sino que debe ser sometido a la justicia por los hechos ocurridos a fin de que ello sirva de lección a futuros gobernantes”.

 

Investigación especial de Agencia Pública. Aquí, el texto en portugués.

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