Poder y crimen en Colombia (2): el fiscal, la pitonisa y el testigo secreto, por Antonio García Maldonado

18 junio, 2012

Aquí, primer artículo de esta serie.

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Acababan de destituirlo, pero el fiscal nº 11 no parecía derrotado. Había dejado de lado, sin embargo, la actitud desafiante; ya no denunciaba a nadie.

Con aplomo, declaró: “Tomo la decisión con respeto, con altura y con prudencia jurídica. Creo que él (el fiscal general, Eduardo Montealegre, que le había comunicado su salida) es el representante de la Fiscalía y todas las cosas que haga deben ser para que la Fiscalía cumpla su cometido. Entrego el caso en unas condiciones óptimas: recuerde que el proceso estaba casi archivado y se lo entrego en juicio, para que ellos se lo ganen”.

La investigación de la extraña muerte de Luis Andrés Colmenares había dado otro giro inesperado: como querían la defensa y los acusados, el fiscal había sido sustituido en medio de un escándalo. ¿Se debía a la intervención de esa élite colombiana a la que el fiscal había declarado la guerra en público? ¿Acaso una nueva maniobra de las familias de los implicados?

No. De por medio había una mujer misteriosa y las fuerzas de lo oculto.

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Que el caso había pasado de “casi archivado” a casi resuelto, como proclamaba el fiscal, parecía una de las pocas certezas en el llamado “crimen del Virrey”. Cuando Luis Andrés Colmenares, estudiante de Ingeniería y Economía de la elitista Universidad de los Andes, apareció muerto en el caño del parque del barrio del Virrey, al alba del 31 de octubre de 2010, tras la celebración de la noche de Halloween, casi nadie puso en duda la versión de las últimas personas que lo vieron con vida: en un arrebato incomprensible pero que aparentemente le fue imposible refrenar –declaró su entonces novia Laura Moreno–, salió corriendo hacia el parque y se lanzó de cabeza al caño. El violento golpe al caer, dictaminó el primer informe forense de Medicina Legal, lo dejó inconsciente, medio muerto. El agua hizo el resto.

“El joven fue reportado desaparecido el lunes en horas de la tarde. El cuerpo oficial de bomberos encontró que el joven, al parecer, murió por ahogamiento, pues al caer al caño se ocasionó una contusión fuerte en el cráneo que causó la pérdida de conocimiento”, rezaba un comunicado de la delegación de la Alcaldía en el barrio de Chapinero, a cargo entonces de Blanca Inés Durán, actual Defensora del Espacio Público en Bogotá.

Laura Moreno y Jessy Quintero.

Un joven, seguramente borracho, probablemente despechado, con –decían– tendencias depresivas, se había suicidado. Y si no lo quiso, lo hizo, y se trataba de uno de tantos accidentes mortales causados por el alcohol. “La imagen que tengo de él es la de sus pies volando por el aire”, declaró, en distintas ocasiones, Laura Moreno, la última persona que, según ese primer, oficial, relato de los hechos, vio al muerto con vida. Jessy Quintero, amiga del difunto, confirmó que, poco después de ver a la pareja ir hacia el parque, recibió una llamada de Laura en la que ésta le decía: “El negro se cayó”.

En investigaciones posteriores, el primer fiscal a cargo del caso, Édgar Saavedra, afirmaría que, “en poder de la Fiscalía no había elementos suficientes para establecer algún tipo de indicio en contra de alguna persona determinada”. También recordaría que los padres del joven muerto iban casi a diario a su despacho a reclamar por las causas “reales” de la muerte de su hijo: jamás creyeron que se había suicidado. Saavedra les decía que todo estaba “por establecer”. En cualquier eventualidad, una muerte sin culpables.

Para fortuna de Oneida Escobar y Luis Alonso Colmenares, los padres del estudiante, el caso fue reasignado. Por qué, no se supo bien: se habló tanto del débil estado de salud del fiscal Saavedra como de una reorganización interna de rutina en la Fiscalía, que entonces dirigía Viviane Morales, fuertemente enfrentada al ex presidente Uribe y sus ex colaboradores en las distintas investigaciones abiertas sobre éstos.

El cambio de fiscal resultó crucial. En tres meses se determinó que Luis Colmenares había sido asesinado, y que en su muerte se hallaban implicadas, en distinto grado, la novia-testigo, Laura Moreno, y su amiga en el teléfono, Jessy Quintero.

Además, en un proceso paralelo que buscaba aclarar quiénes eran los autores materiales de la muerte, la justicia comenzó una investigación contra Carlos Cárdenas, ex novio de Laura, al que los testigos situaban en la discoteca Penthouse donde tuvo lugar la fiesta de Halloween en que se hallaban los protagonistas que terminaron en el parque. Esa investigación paralela resultó en una acusación, pero no contra Carlos, sino contra su madre, María del Pilar Gómez, y la abogada de esta, por obstrucción a la justicia –lo que abrio un tercer expediente.

¿Cómo habían podido cambiar tanto las cosas en apenas tres meses?

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Antonio González, segundo fiscal del caso, es un reconocido penalista de 46 años, nacido en Barranquilla, en la costa atlántica, de un enorme corpochón y barriga prominente, con una mirada siempre desconfiada tras unas lentes que le agigantan los ojos y la sospecha. Apena tomó el mando, removió a los investigadores policiales y los reemplazó por otros, de su confianza.

En las audiencias, no se cansó de repetir cuál había sido la razón por la que las autoridades habían errado el tiro inicial: se trataba de un caso que afectaba a miembros de una élite colombiana que no consentía sin resistencia que se agitara contra ella un asunto de esta índole. Denunció que se habían alterado pruebas y borrado otras; que se había pagado a testigos para silenciarlos y también a autoridades; y que se había presionado incluso a la Fiscalía General para que el caso le fuera retirado de las manos.

–Sencillamente, eso hay que entenderlo como un contubernio para interferir mi labor de fiscal –afirmó en una de las audiencias. –He actuado bien y me han empezado a amenazar. Siento hasta peligro laboral. Me quieren atacar laboralmente –denunció –. Tuve que cambiar mis números de celulares para que no me siguieran llamando a decirme: ¿hasta cuándo voy a ser el fiscal ‘chacho’ de Colombia? –reclamó por televisión.

Tal como lo veía, había removido el avispero de esa élite colombiana que, desde la independencia del país en 1819, ha controlado la justicia, la política y la economía, perpetuando en altos cargos los mismos apellidos que aún hoy son los habituales en la prensa y el papel cuché: Gaviria, Pastrana, Vargas, Uribe o Restrepo –nombre ilustres del país de Sudamérica que concentra en menos manos el poder económico.

Ahora, esa élite iba a por él con su veneno.

–Extrañamente en Colombia siempre se pide que haya justicia y cuando un funcionario judicial actúa como lo he hecho yo, entonces le meten cincuenta mil cosas oscuras para perturbarlo. Somos una sociedad incoherente. Si yo hubiese archivado el caso, no habría problema. Todos estarían felices porque se patrocinaba una impunidad. Pero como me he negado, estoy pagando un precio muy alto –se lamentó.

Jamás creyó en la versión inicial: jamás creyó en la novia, en la amiga o en la autopsia. ¿Por qué? ¿De dónde había brotado tanta suspicacia?

De un sueño.

Oneida Escobar padece insomnio desde el día de la muerte de su hijo. Con él se fue la alegría en su vida, ha repetido a quienes la escuchan y a quienes no. Tiene ese aire de madre ausente y dolida que ya somos incapaces de imaginar en otro contexto que el de la protesta y la petición de justicia. Ha quedado congelada en esa imagen: entregarse a la causa de su hijo aún la mantiene en pie, evita que se rompa sin remedio.

Ni ella ni su marido creyeron nunca en la tesis del suicidio. Para ellos, ni tenía tendencia a la depresión ni perdía la cabeza por sus novias en juegos de vida o muerte. Era, dicen, un chico alegre, buen estudiante, atento con su familia y juicioso y ponderado en los pasos que iba dando. En otras palabras: el hijo ejemplar que era Luis Andrés, según lo veían, no encajaba en el relato oficial de su muerte.

Con esa certeza buscaron inconsistencias, contradicciones, omisiones. Pero la clave llegó a Oneida como buena oriunda de La Guajira, en el norte del país, a través de sus sueños de insomne.

–Desde el momento que murió, soñé muchas veces con él, y él me guiaba y me daba como pistas y ya últimamente, él en el cielo donde está, veía mi angustia y una noche me dijo: “Mami, no busques más, la prueba la tengo en mi cuerpo, búscala ahí” –contó.

A finales de octubre de 2011, el fiscal autorizó la exhumación del cuerpo de Colmenares, enterrado en el cementerio de Villanueva, en La Guajira. A cargo de la nueva autopsia quedó Máximo Duque, médico forense que había dirigido el instituto de Medicina Legal durante los años 2004 y 2007. Y su informe no podía contradecir en más aspectos al anterior.

El joven estudiante no se habría suicidado. Había siete heridas en el cuerpo, ninguna de ellas compatible con una caída desde cierta altura. Uno de los golpes del cráneo parecía producido por un golpe con un objeto, probablemente una botella. Según el análisis que el mismo forense hizo de las primeras fotos del cadáver, las livideces o sangre coagulada en la espalda de Colmenares indicaban que el cuerpo habría permanecido en otra posición durante algunas horas, agonizando, probablemente en un maletero de un coche, y habría sido trasladado al caño luego, hipótesis reforzada por el hallazgo de raspaduras en las rodillas, que parecían indicar que había sido arrastrado.

–Mi opinión profesional es que el caso no es un suicidio –resumió Duque.

¿Quién o quiénes lo habían matado? ¿Quién o quiénes lo habían encerrado en un maletero y arrastrado hasta el caño? ¿Y por qué? ¿Y por qué se mostraron dispuestos a encubrir estos hechos autoridades y testigos?

A estas preguntas respondía el fiscal: la élite social de Colombia.

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Cuando Laura y Jessy fueron detenidas en octubre de 2011, hacía tiempo que el fiscal nº 11 les seguía la pista y había ordenado interceptar sus conversaciones telefónicas. En una de ellas, presentada en las audiencias, se escuchaba a Carlos Cárdenas decirle a la intranquila Laura Moreno (novios de nuevo, tras la muerte de Luis) que no se preocupara por las investigaciones.

–Aidée [abogada de la madre de Carlos] tiene un contacto con un súper fiscal, ya que ella es una especie de informante de él –le aseguró.

Y, en efecto, su madre, María del Pilar Gómez, había visitado con su abogada, Aidée Acevedo, la Fiscalía General de la Nación. Según una reconstrucción en base a sus conversaciones telefónicas, allí las recibió Armando Novoa, jefe nacional de Fiscalías, a quienes habrían transmitido sus deseos.

–La abogada Aidé Acevedo Santos y María del Pilar Gómez, madre de Carlos Cárdenas, estaban fraguando un plan que tenía dos orientaciones: la primera, buscar el cambio del fiscal 11 seccional por medio o a través de la Dirección Nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, pues Acevedo presentó una petición escrita haciéndose pasar como apoderada de Carlos Cárdenas –afirmó por escrito el fiscal nº 11, que las acusó de obstrucción a la justicia, aunque en un proceso paralelo al de Laura y Jessy: estas eran acusadas de encubrimiento; en la otra investigación, se buscaba al asesino.

–A estas personas no las acusa el fiscal nº 11, Antonio González, sino la Fiscalía General de la Nación, a la que yo represento, y en base a evidencias jurídicas –ha insistido González en diversas ocasiones durante las audiencias y ante la prensa, en respuesta a lo que consideraba una campaña de desprestigio en su contra orquestada por los abogados de Laura, Jessy y Cárdenas.

Ciertamente, las acusaciones de Jaime Granados (abogado de Laura, y del ex presidente Uribe, entre otros), David Teleki (abogado de Jessy) y de la mencionada Aidée Acevedo, han sido constantes en cada audiencia y en cada entrevista periodística.

–Es menester que se haga un examen a fondo del funcionario, sus actitudes, sus salidas procesales y extraprocesales. No puede ser más una rueda suelta que en medio de la paranoia cree ver persecuciones y ataques personales allí donde sólo existe la libertad de expresión de la defensa –escribió el joven y engominado abogado de Jessy Quintero al fiscal general.

–Comprendo la actitud de la contraparte, pero esto es muestra que no tienen pruebas contundentes para tumbar el caso y derrotarnos en juicio. Por eso se valen de esas artimañas para desviar el caso. Tienen todo el derecho de defender a sus clientes, pero deben actuar de manera ética y deben estudiar mejor el caso –le replicó Luis Alonso Colmenares, padre de Luis.

El fiscal nº 11 no tenía dudas:

–Lo único que falta es que digan que yo maté a Luis Andrés. Me ven como la piedra en el zapato por una sola razón: porque soy el único que se ha dedicado a buscar la verdad del caso. Represento un estorbo y me quieren quitar como sea, porque buscan que la verdad no aflore –afirmó, categórico.

Durante las últimas audiencias preparatorias del juicio contra Laura Moreno y Jessy Quintero, el fiscal nº 11 parecía irritado. Sus gestos de negación y sus aspavientos cuando escuchaba las declaraciones en su contra de los abogados indicaban un agotamiento: había pasado un año lidiando con un caos que había atraído la atención de todo un país y comenzaba a notarse.

Mientras tanto, dada la publicidad del caso y las acusaciones permanentes contra González, el fiscal general Montealegre había creado a mediados de mayo una comisión especial de seguimiento de la actuación del fiscal. Pese a los importantes debates jurídicos que han tenido lugar en Colombia durante 2011 y 2012 –entre ellos, sobre el Marco Legal para la paz que puede facilitar una negociación con las guerrillas–, las audiencias y las declaraciones de los acusados, abogados y ministerio público relativas al crimen del Virrey comenzaron a convertirse en el asunto legal más comentado del país, y sus resultados en la idea que los colombianos se hacían y se harían de la administración nacional de justicia.

***

El 31 de mayo de 2012, la atención del caso había alcanzado uno de sus puntos máximos: el fiscal González anunció la presentación de unos pedidos de prueba que establecerían la culpabilidad de Laura y Jessy, para entonces acusadas de “coautoría impropia” (la primera) y de encubrimiento y falso testimonio (la segunda).

Parecía que el proceso se dirigía a un resultado que, a priori, hubiera parecido imposible: someter al imperio de la justicia a algunos de los ricos y poderosos del país. Era un momento trascendente.

Pero, para conmoción del público, González no demandó al tribunal la realización de un nuevo examen forense, el estudio de unas palabras captadas en una escucha subrepticia o el testimonio desconocido de algún testigo providencial o secreto.

No. Nada de eso.

Era otra cosa. Algo que desafiaba el sentido común.

Horas después de que se supiera de qué se trataba, el fiscal general Montealegre retiró el caso de las manos del fiscal nº 11, y nombró fiscal delegada para el caso Colmenares a Martha Lucía Zamora, ex fiscal general durante un mes este año en sustitución de Viviane Morales.

Las razones de la destitución quedaron diluidas en palabras vacuas que hablaban de un necesario “impulso a la investigación”.

Pero la verdad era algo más sorprendente.

Según se dijo, el fiscal no. 11 había querido recurrir a… una adivina.

***

La prensa no dudó en atribuir la destitución a esta presunta apuesta a lo oculto, este dejar la libertad y la justicia en manos de lo irracional. Un sueño de una madre, vaya y pase, pero una pitonisa que se atribuía la capacidad de detectar los engaños mediante ciencia infusa era demasiado.

Y así se marchó el fiscal nª 11, Antonio González, del crimen del Virrey. O eso pareció.

Pero ¿quién era ese personaje clave, esa mujer fatal que había acabado con un hombre que se declaraba en guerra con la élite colombiana?

Contacté con ella a través del correo que su página web ofrecía. Ya en el sitio electrónico pude ver que su aspecto no era el que presuponemos en ninguna pitonisa. Ni exceso de maquillaje ni ropas excéntricas, ni velas, ni cartas. Rita, de ascendencia lituana, lucía como una mujer de mediana edad, elegante y de porte fino. Exhibía un amplio currículo de profesional en comunicación no verbal: licenciada en Administración de Empresas en la Universidad del Rosario, profesora del taller de Técnicas y Habilidades en la detección de Mentiras de la misma universidad, años de estudio con el actual abogado de la familia Colmenares, el prestigioso penalista Jaime Lombana. Tal vez el nombre que da a su profesión, destacado en su página, es lo que menos confianza infunde: caza-mentiras.

Cuando la llamé al número que me había facilitado, me atendió con dulzura y paciencia, atenta a todas mis dudas y sorpresas.

–Nunca antes me habían llamado jueces o fiscales para trabajar un caso en juicio. Sí lo han hecho abogados para sus investigaciones. Aunque nunca ninguno de los abogados que participan en este caso –me contó.

Le parecía extraño que la hubieran catalogado de pitonisa, porque los medios que lo hicieron la conocían muy bien.

–Ser pitonisa es un don de Dios, mientras que cazar mentiras es un don de la disciplina. Mi método consiste en analizar una declaración. Primero la grabo, luego la transcribo palabra por palabra, y a partir de ahí yo analizo qué quiso decir esa persona. La gente cuenta lo que quiere que sepas, pero al mismo tiempo, sin querer, te cuentan mucho más de lo que quieren contarte. Hay lapsus, omisiones, contradicciones… La primera historia es la que más revela porque todavía no se ha aprendido un relato.

Su trabajo, me aseguró, está lejos del estigma social en otros países, nada menos que en EE.UU e Israel, donde, como es su deseo que ocurra en Colombia, las pesquisas criminalísticas comienzan por un análisis como el suyo, que, dice, muestra a los investigadores el camino a seguir o a abandonar.

–Lo que yo quisiera es que el análisis de testimonios fuera el punto de partida. Se pierden muchas líneas de investigación prioritarias por omitir estos análisis, y se dispersan los esfuerzos.

Me había advertido en uno de los correos electrónicos de que no quería hablar del asunto Colmenares en concreto, aunque luego me contestó con generosidad todas las preguntas que le hice sobre los testimonios de Laura, Jessy o los abogados que había podido analizar.

–Quiero aclarar que yo no tengo ninguna información diferente a la que tiene todo el mundo a través de los medios. Veo omisiones, inconsistencias o falsificación de información, pero lo que más me llama la atención es la cronología de los hechos. En el relato de Laura hay muchos puntos de sombra sin narrar, y es en esas horas de las que no se sabe nada donde yo sugeriría que investigaran. De Laura Moreno me llama la atención la poca expresividad de su rostro, la frialdad. Pero no significa nada de culpabilidad, es un punto de análisis para ver si su vida sigue igual desde el suceso, si su cara siempre fue así. Si era diferente, entonces hay que investigar por qué cambió.

Me llamó la atención su extremada prudencia. Le pregunté si eran creíbles las declaraciones de los abogados defensores, si pensaba que creían de verdad los relatos exculpatorios de sus clientes.

–Sé que Jaime Granados es profesional. Yo pienso que sí cree lo que está defendiendo –atajó.

¿Y cómo llegó el fiscal hasta ella? Karanauskas dice que sólo lo supone:

–Creo que uno de los peritos que trabaja con él asistió a algún taller en el que analizamos los vídeos del caso Colmenares e informó al fiscal que yo podía ser de utilidad. Me llamó él directamente, y fui a verlo a la Fiscalía. Le mostré cómo trabajaba, cuál era mi método y lo que opinaba de los vídeos con los testimonios del caso Colmenares. Me preguntó si podía proponerme como perito del caso para que lo aprobara el tribunal, y le dije que sí.

Le pregunté si creía que la propuesta de contratarla había llevado a la destitución de González.

–No creo que yo tenga el poder de quitar a un fiscal –respondió, cauta–. Eso fue una conjetura.

Ni siquiera se alteró cuando sugerí que quizás se debía a la presión de familias poderosas en el país, .

–Ya se irá viendo –se limitó a decir–. Confiemos en la justicia.

***

Los padres de Colmenares, Oneida y Luis Alonso, expresaron lo que la inmensa mayoría de los colombianos adictos al caso temía.

–Desde que comenzaron las investigaciones por parte del fiscal Antonio Luis González ha habido la intención de sacarlo del proceso, aunque él ha sido el que ha puesto este caso donde está. Siempre han querido cambiarlo. No sé por qué, puesto que jurídicamente son buenas las defensas, o si es que ven mucho peso en él –declaró Oneida a los periodistas a principios de junio, antes de entrar en la Fiscalía General para pedir explicaciones al respecto a Eduardo Montealegre.

Planeaba sobre todos la sensación de que el proceso se venía abajo. Habían sido los de siempre y había ocurrido lo de siempre. Pero ¿por qué había tomado el fiscal su remoción con tanta tranquilidad? ¿Por qué no había pronunciado uno de sus alegatos contra el poder? ¿Había tirado simplemente la toalla, acosado por abogados defensores y parte de la judicatura?

Eso parecía. Quizá abandonaba con la conciencia tranquila de haber hecho lo posible, por haber llevado las investigaciones hasta un punto en el que, por más que el veredicto fuera absolutorio, la opinión pública ya lo sabía todo. Quizá era eso lo único a que podía aspirarse en esta época.

O quizás no.

***

Durante toda la madrugada del recién comenzado 6 de junio de 2012, varios coches con miembros de la policía judicial de la fiscalía permanecieron apostados frente a la casa de Carlos Cárdenas, en el barrio Ciudad Salitre de Bogotá, el mismo en el que se encuentra la casa donde permanece Laura Moreno recluida.

El propio Cárdenas y su madre, María del Pilar Gómez, sabían lo que significaba.

–Voy a salir con el carro, no tengo nada que esconder, a ver qué ocurre –contó María del Pilar que le dijo su hijo.

Y apenas salió, como temía, fue detenido y trasladado a los juzgados, acusado de ser uno de los autores materiales del homicidio de Luis Andrés Colmenares.

***

Porque sí existió un testigo secreto.

Willmer Ayola, vendedor de licores a las puertas de las discotecas del barrio que recorrieron los estudiantes aquella noche, declaró a la Fiscalía que vio cómo, en las inmediaciones del parque del Virrey, sobre las 2:30 de la madrugada, varias personas rodeaban a Luis Colmenares, visiblemente borracho, y le propinaban patadas y puñetazos. La propia Laura Moreno le habría quitado el celular y estampado una cachetada. Cuando intentó huir, un joven al que los otros llamaron “Carlitos” y que reconoció como Carlos Cárdenas, bajó del coche y le propino un botellazo en la cabeza. Quedó inconsciente, lo subieron al coche y se fueron, no sin antes darle a él y a su amigo Cristian (ambos testigos) varios cientos de miles de pesos y amenazarlos con lo que les ocurriría si contaban algo.

(Sobre los puntos oscuros de un testigo tan oportuno y perfecto hablaremos en el próximo capítulo).

De momento, había otro hecho sorprendente. ¿Quién había firmado la orden de detención de Cárdenas? ¿La nueva fiscal del caso, Martha Lucía Zamora? ¡No! ¡El fiscal nº 11, Antonio González, quien unos días antes hablaba confiado y tranquilo al dejar el caso!

Luis Andrés Colmenares, en su última noche.

¿Y cómo pudo un ex fiscal de un caso ordenar una detención?

Sencillamente, porque sólo había pasado a ser ex fiscal de uno de los casos, el más publicitado, aquel que habían tenido lugar todas las polémicas con familiares y abogados, el que involucraba a las bellas Laura Moreno y Jessy Quintero. Pero aún seguía al mando de dos procesos paralelos que intentaban aclarar quiénes fueron los autores materiales de los hechos y el que buscaba dilucidar la responsabilidad de su madre y a la abogada de ésta, Aidée Acevedo, acusadas de favorecimiento de homicidio, justamente, por buscar un cambio de fiscal.

La sorpresa fue enorme, y la rabia estrangulada de los implicados fue transmitida en directo en una entrevista de Caracol Televisión a Laura Moreno dos días después del arresto de Carlos:

–Es una cosa bastante complicada ver cómo el fiscal, ya quitándolo de mi caso, y utilizando el caso de Carlos, sigue tratando de difamar acerca de mí –protestó la (ex) novia de víctima y acusado.

 

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