Colombia: CEPSA, la petrolera española que no será expropiada, salta de un conflicto a otro, por Antonio García Maldonado

7 mayo, 2012

El 18 de abril de 2012, durante el foro Invertir organizado por el diario El País, y en conversación con el consejero delegado del grupo Prisa, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirmó: “la palabra expropiar no está en nuestro vocabulario”. Declaraba así la bienvenida de su país a las inversiones extranjeras, pocos días después de que el Gobierno argentino anunciara la expropiación de YPF a su matriz española Repsol y pocos días antes de que el Gobierno boliviano hiciera lo propio con la filial de la empresa española Red Eléctrica.

El País había publicado tres días antes, encartada en el suplemento de economía dominical, una separata sobre Colombia titulada “El país más abierto”, donde glosaba las facilidades y la oportunidad para invertir en el país andino. En el reportaje titulado “Una gran veta por explotar”, la periodista María José González escribía sobre la presencia de empresas españolas: “En el área de hidrocarburos, destaca la presencia de Cepsa, presente en el país desde 2001 y con 18 contratos de explotación y producción”.

En el primer reportaje, llamado “La hora de Colombia”, el colaborador habitual del diario en Bogotá, Armando Neira, afirmaba a su vez que “hay una mayor fiscalización de organismos de control que han frenado muchos proyectos ante el temor de los inversores de terminar en líos jurídicos”. Dos páginas después, Maite Rico, aludiendo a la Ley de Restitución de Tierras a las víctimas de desplazamientos forzados, aseguraba que “no falta el temor a que la restitución de tierras, por su complejidad, pueda crear una inseguridad jurídica que ahuyente la inversión agraria”. Y finalizaba con una afirmación tan alegre como matizable: según Gallup, “[Colombia] es el país más feliz de Latinoamérica y el sexto más feliz del mundo”.

Estos tres artículos estaban tan alejados de la realidad como Bogotá del nivel del mar, como en general lo estaba el suplemento en su conjunto. Desde una falsa foto de portada (¡qué pena que no sea así la caótica avenida 7ª!) hasta el titular (“Colombia. El país más abierto”, cuando sólo Ecuador y Bolivia tienen menos tratados de libre comercio firmados), la visión que predominaba era la de un país distinto al que el propio Gobierno dibuja en sus  comparecencias e informes, y que se parece más a la que defiende el uribismo remanente.

Según Maite Rico, “con su Política de Seguridad Democrática, Uribe lanzó una ofensiva militar sin tregua contra los grupos armados”, y “los paramilitares desmovilizaron a sus 30.000 efectivos”. ¿No quedan, pues, paramilitares en Colombia? Por lo demás, nunca hubo una “ofensiva militar sin tregua” contra el paramilitarismo, sino negociaciones que llevó a cabo Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz del presidente Uribe, hoy acusado de falsa desmovilización del bloque de las FARC Cacica-La Gaitana y tráfico ilegal de armas, y fugado del país. Lo curioso es que es el propio expresidente Uribe quien le recomienda que no se entregue porque la justicia está viciada.

Nada de eso parece ser relevante para Maite Rico. Como tampoco lo es que los dos últimos directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estén, una (María del Pilar Hurtado) prófuga en Panamá, donde pidió asilo para no cumplir la pena por la interceptación ilegal de llamadas a miembros de la judicatura (caso conocido como de las “chuzadas”); y otro ( Jorge Noguera) en la cárcel, condenado por poner el DAS al servicio del paramilitarismo. Reza la sentencia: “A través de su poder discrecional, Noguera ayudó al Bloque Norte de las Autodefensas, haciéndoles llegar información que el organismo recolectaba en virtud de las funciones que cumplía; nombrando personas allegadas a la organización, y trasladando o declarando insubsistentes a los servidores que dirigían su labor contra ellos”. Gracias a las labores del probo funcionario –al que Uribe calificó de “muchacho de buena familia” para justificar su nombramiento tras la condena–, fue asesinado el profesor de la Universidad de Magdalena Alfredo Correa de Andréis.

También el ex ministro de Agricultura del Gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias, está hoy en cárcel preventiva mientras aguarda un juicio que tiene todos los visos de acabar en condena por los delitos cometidos en la gestión del programa Agro Ingreso Seguro, que pretendía preparar al campo colombiano para el recientemente firmado Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Y que el actual ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijera tras la aprobación del mismo que el agro colombiano no estaba preparado tampoco merecía destacarse. Y, teniendo una encuesta sobre felicidad hecha por una empresa privada, ¿qué sentido tiene escribir que el informe del PNUD recientemente presentado dice que Colombia es el país más inequitativo de América Latina tras Haití y el de más difícil acceso a la tierra? Tierras cuyo reclamo por parte de los desplazados sigue siendo causa de asesinato de líderes comunitarios. Pero, teniendo felicidad y seguridad jurídica, ¿quién necesita tierra y seguridad física?

No obstante, de varios artículos podía extraerse, como al completar un puzle, el armazón de un hecho que ha sido noticia aquí: Cepsa, la empresa de hidrocarburos de origen español y sede en Madrid pero con participación del 100% del fondo de inversión del Gobierno de Abu Dabi (International Investment Petroleum), la que según el suplemento atesora 18 contratos de explotación, ha sido protagonista de dos de los escándalos socio-laborales más sonados de los últimos meses en Colombia. Su política laboral y medioambiental ha sido objeto de protestas y denuncias de sindicatos y organismos de control y se ha visto inmersa en eso que el suplemento especial califica como “líos jurídicos”.

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Tal vez la explicación es que hay que tomarse cierto trabajo para reunir los datos. En la lista con las 900 empresas más importantes del país que el domingo 29 de abril publicó la revista Semana, Cepsa Colombia  ocupó el puesto 74 en 2011, un salto importante desde la posición 104 que obtuvo en 2010. Según la misma publicación, sus beneficios netos el año pasado ascendieron a 284.510 millones de pesos (unos 120 millones de US$), un 52% más que el año anterior.  ¿Qué yacimientos explota Cepsa Colombia y en qué condiciones para que le reporte tales ganancias?

En la web española de la empresa, y pinchando en el apartado “Cepsa en el mundo”, encontramos una información corporativa que corrige al suplemento especial de El País:

CEPSA inició su actividad de exploración, en Colombia, en el año 2000. En la actualidad participa en 19 contratos de Exploración y Producción, 12 operados por la Compañía, en la Cuenca de los Llanos y en el Valle Superior del Río Magdalena.”

La web de la empresa matriz es la única opción para conocer el detalle del desempeño de la compañía, pues la filial en Colombia ha dejado de tener página propia, a diferencia de todas las empresas que le anteceden en la lista de Semana. No es que no tuviera una, sino que, coincidiendo con uno de los escándalos referidos, dejó de estar operativa. Y no sólo ha desaparecido el dominio, sino también el nombre por el que la compañía de hidrocarburos era conocida en Colombia, y que sigue siendo su nombre fiscal: Cepcolsa. Ahora, a todos los efectos mediáticos, es Cepsa Colombia.

Al teclear en google “cepcolsa” el buscador remite a una empresa llamada Pegsa, en cuya sección de clientes aparece Cepcolsa . Al llamar a Pegsa, me informan de que ellos sólo son proveedores de maquinaria, y que Cepcolsa es, efectivamente, uno de sus clientes.  No obstante, al introducir en el buscador “cepcolsa” junto a algunos de los yacimientos en explotación de los que habla la propia web de Cepsa, uno se tropieza con los problemas.

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En la explotación del bloque de Caracara, situado en los Llanos Orientales, en el departamento del Meta, localidad de Puerto Gaitán, estalló una huelga indefinida en junio del año pasado. Los huelguistas pretendían denunciar el despido y pedir la reincorporación de 1.100 trabajadores de la subcontratista de Cepcolsa, Montajes JM. El sindicato del petróleo (USO) afirma que se trata de una práctica habitual de las compañías extranjeras que invierten en Colombia: “Cuando los trabajadores al servicio de empresas contratistas reclaman sus derechos, las empresas contratantes optan por ‘suspender el contrato’, burlando así no solamente los derechos de los trabajadores sino también de las organizaciones sindicales. Posteriormente, buscan de nuevo a los trabajadores y les ofrecen emplearlos, bajo la condición de que se retiren del sindicato y no protesten. Son ejemplos de esta situación el caso de la empresa MACO SERVINCI, al servicio de Ecopetrol en la estación Chichimene en el Meta, SNC LAVALIN al servicio de Ocensa y Cepcolsa, y Montajes JM en Puerto Gaitán Meta”.

El despido de los 1.100 trabajadores sindicalizados, según USO y algunos de los propios afectados, se debió a sus denuncias ante la compañía y las autoridades sobre –afirma el sindicato– las “flagrantes violaciones a sus derechos, entre los que se cuentan: violación de la jornada máxima de trabajo: hasta 18 horas diarias y 40 días sin descanso, impago de salarios a trabajadores en periodo de prueba, desconocimiento del pago de bonos prometidos a los trabajadores, condiciones insalubres y antihigiénicas de los alojamientos, discriminación en el salario y duración del contrato entre los trabajadores de la región y los que vienen de otras regiones del país, cambio unilateral de las condiciones de trabajo pactadas y no afiliación a la seguridad social”.

Cuando llamo a Cepsa España y pregunto por el conflicto, me remiten a los comunicados de la empresa filial y, en el caso concreto del bloque Caracara, me informan de que la responsabilidad corría por parte de la empresa subcontratada, Montajes JM (224 en el ranking de Semana, con unos 2,2 millones de US$ de beneficio neto en 2011), con la que ya no existe vínculo. Pregunto entonces si cree que las protestas que los trabajadores de Cepsa/Cepcolsa/Montajes JM llevaron a las puertas de la embajada no tenían sentido. No hay más comentarios.

Un alto funcionario de la legación española en Bogotá me cuenta cómo fueron las quejas ante la embajada: “Se nos manifestaban en la puerta, y decidimos hablar con ellos. Nos contaron la situación y le pedimos explicaciones a Cepsa, que nos dijo que había dejado de trabajar con Montajes JM porque lo único que hacía era darle problemas”.

El Gobierno concertó una mesa de negociación a tres bandas, con la participación de Cepcolsa, el sindicato USO y representantes del Gobierno nacional, a la que la empresa filial de Cepsa no se presentó en una primera instancia, aunque posteriormente acudiría para afirmar, según el sindicato USO, lo mismo que me dirían: “que no tenía por qué sentarse a negociar ni discutir con la USO, porque ninguno de sus trabajadores directos estaba afiliado y que los trabajadores del contratista Montajes JM que sí lo están, aunque estaban trabajando de manera exclusiva para Cepcolsa en la construcción de facilidades para la producción petrolera, no tenían relación laboral con ellos”.

El escándalo alcanzó proporciones inusitadas en un país con una concentración mediática alarmante y poco dado a airear conflictos empresariales. Las movilizaciones de los trabajadores se extendieron durante varios meses, y las imágenes de las propias protestas y las cargas policiales se hicieron rutinarias en los informativos, apenas unos meses antes de la firma del TLC con EE.UU, cuando éste aún dependía de varios congresistas y senadores demócratas que afirmaban que en Colombia no se respetaban los derechos sindicales y que los representantes de los trabajadores estaban amenazados. El propio vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón (cuyo pasado sindical es su principal baza política) intentó una mediación, para cuyo comienzo exigió que los trabajadores levantaran cualquier tipo de huelga y bloqueo de las instalaciones de la petrolera. EE.UU miraba atento.

Las protestas en los yacimientos de Puerto Gaitán continuaron hasta septiembre, cuando el Gobierno alcanzó un acuerdo con los trabajadores y una de las empresas que explotaban los pozos de petróleo, socia de Cepcolsa: Pacific Rubiales. El Gobierno se comprometió a hacer el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos firmados por las partes. La petrolera “española” anunció que nada más tenía que ver con Montajes JM.

Aunque era sólo una verdad a medias.

La propia Cepsa aclara en su web central que comparte los bloques de explotación con otras empresas, como la petrolera pública colombiana Ecopetrol (número 1 de la lista de Semana, con 8,5 billones de US$ de beneficio neto) o la mencionada Pacific Rubiales (número 7 de la lista Semana, 620 millones de US$ de beneficio neto). Ambas eran aún clientes de Montajes JM, según aseguraba la empresa contratista en su página web.

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Pero no tardaron en surgirle más conflictos.

Pocos meses después del conflicto en Puerto Gaitán, el 13 de marzo de 2012, Cepcolsa/Cepsa anunciaba la suspensión de la perforación de uno de sus pozos en Laguna del Tinije, en Aguazul, en el departamento oriental de Casanare. Argumentaba la compañía en un comunicado que se veía obligada a ello “toda vez que el libre ingreso de agua potable y la evacuación de basuras y agua residuales no ha sido suficiente, amenazando la vida y la integridad de los trabajadores que permanecen en las instalaciones”.

Además, responsabilizaba de la “emergencia sanitaria” a las comunidades opuestas a esa explotación, que habían bloqueado la entrada de suministros a las instalaciones en protesta por los daños medioambientales irreparables que, según su criterio, la empresa ocasionaba en la reserva natural de Laguna del Tinje debido a vertidos y exploraciones en zonas en las que, entendían, tenían prohibido trabajar.

En verdad, la suspensión de actividades por el impacto ambiental fue exigida por instituciones y por vías oficiales. La corporación autónoma regional del Orinoquia (Corporinoquia), envió un requerimiento a Cepcolsa/Cepsa en el que se le pedía la paralización de los trabajos y se afirmaba, entre otros puntos, lo siguiente:

»El Ministerio de Ambiente, no ha realizado evaluación puntual, ni emitido pronunciamiento alguno respecto de la información contenida en el PMA presentado para el pozo Chirinola 1, y específicamente en lo que respecta a la localización de dicho pozo dentro del AID del DMI, lo cual resulta esencial para poder esclarecer la incierta situación que se presenta con la ocurrencia de este hecho, toda vez, que esta Corporación encuentra que la actividad de perforación exploratoria en la zona de producción sostenible no coincide con los usos autorizados en Artículo Tercero del Acuerdo No 1100-02-2-08-012 del 05 de Diciembre de 2008, ni alcanza los objetivos de conservación perseguidos por esta autoridad ambiental y las administraciones locales.

»Conforme a lo anterior, CORPORINOQUIA como máxima Autoridad Ambiental Regional y en defensa de su gestión, solicita a la empresa CEPSA COLOMBIA S.A. CEPCOLSA, se suspendan todas las actividades relacionadas con la construcción y operación del pozo Chirinola 1, hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirima la controversia que se presenta sobre la ubicación del Pozo Chirinola 1 dentro del DMI y se pronuncie formalmente sobre el Plan de Manejo Ambiental presentado para dicho pozo, petición que se efectuará inmediatamente por parte de esta Corporación, la cual se encuentra coadyuvada por solicitud de la Procuraduría Ambiental y Agraria, a través de comunicación radicada en CORPORINOQUIA con No. 02251 de Marzo 07 de 2012 (SINCA 31621)”.

Cepcolsa/Cepsa envió el 27 de marzo un comunicado de respuesta en el que afirmaba cumplir con todos los requisitos legales y en el que insistía en el compromiso de la empresa con el desarrollo social y económico sustentable:

“Cepcolsa clausura la perforación cumpliendo con toda la normatividad legal y los más altos estándares operacionales, con la convicción de haber hecho todo lo posible por prevenir cualquier impacto social y ambiental en el área de influencia del caño y la laguna El Tinije, área de especial importancia para la empresa, pues fue declarada por Corporinoquia como Distrito de Manejo Integrado”.

 

¿Huyó la empresa de otro escándalo? ¿Consiguieron conmover las protestas su conciencia ambientalista? ¿Se sintió obligada a retirarse tras los pedidos de las autoridades locales?

En realidad, los permisos de explotación de Cepcolsa/Cepsa vencían, justamente, en mayo de 2012. Lo que fue presentado como un cierre obligado por bloqueos fue, tal vez, la sobreactuación de una compañía que en los últimos años ha sido objeto de continuas protestas laborales, sociales y medioambientales.

***

No hay nada de ilegal, claro, en la actuación de Cepsa/Cepcolsa. La subcontratación de los servicios laborales está permitida, no sólo en Colombia. Y la compañía contaba con todos los permisos de explotación de los organismos de control nacionales, que supuestamente habían medido el impacto ambiental de sus explotaciones, así como la presencia, o no, de comunidades afro o indígenas que pudieran verse afectadas.

Surge un problema cuando unas leyes de enunciados preciosos no conciben los medios para fiscalizar de forma efectiva el cumplimiento de los contratos en sectores clave para Colombia como son el de los hidrocarburos y la minería. Hay una carta blanca tácita para grandes empresas inversoras, pues el país está enfocado en una estrategia económica desarrollista –enunciada por el presidente Santos en diversas ocasiones, y traducida en la firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU, que está postergando derechos laborales básicos en favor de la macroeconomía. Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (a cuya presidencia es candidato el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón) difundido el 29 de abril de 2012, dos días antes del Día del Trabajador, en Colombia ha aumentado el trabajo, pero es precario, y a su vez se ha precarizado el que ya existía.

Los organismos de control, como la fiscalía general de la nación o la contraloría, están más afanados en luchar contra la corrupción política o los delitos de narcotráfico ya tipificados, que en investigar las nuevas formas de delitos económicos que, inevitablemente, acaban por llegar con las inversiones extranjeras multimillonarias. Evasión de impuestos, blanqueo de capitales, fraude a la seguridad social o incumplimiento de derechos laborales básicos, así como todo tipo de trampas y contorsiones fiscales y contables para reducir costes y ser competitivos.

La precarización de las condiciones socio-laborales de los ciudadanos es vista como un mal menor y temporal que, a la larga, traerá beneficios para todo cuando rindan fruto las inversiones de empresas internacionales que no son sometidas a los consabidos “líos jurídicos”.

Siendo así las cosas, se entiende que los inversores estén abandonando Europa, con sus controles y su protección social; en el mundo del comercio abierto a cada rincón del planeta, el Estado de Bienestar es realmente un estorbo.

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