Petróleo y política: YPF, Repsol y la razón de Estado

30 abril, 2012

En la oficina de Nicolás Gadano, ex economista jefe de YPF y autor de Historia del Petróleo, hay un cuadro sobre una pared con un aviso publicitario de 1948. Una imagen en blanco y negro dice “YPF es la síntesis de un pueblo que marcha seguro hacia sus altos destinos”.

La frase condensa la suerte de la economía argentina y de la empresa en todo este tiempo: ambas fueron de un extremo al otro. YPF, en sus 100 años de existencia, pasó de estatal, aliada del Gobierno y guardiana del autoabastecimiento energético, a privada, enemiga de la Casa Rosada y responsable de las importaciones que atentan contra uno de los pilares macroeconómicos.

“El sector energético aparece hoy como parte del problema macro del país porque pesa mucho sobre las restricciones en la balanza comercial. Y la percepción del Gobierno sobre una crisis macroeconómica se vuelve tan prioritaria que pasa a estar por arriba de otras cosas y genera una volatilidad enorme”, dice Gadano a iEco.

–YPF tiene un peso tan grande en el mercado que sus operaciones podrían quedar subordinadas a la percepción que el Gobierno tenga sobre el futuro de la macroeconomía. En ese caso, la suerte de YPF está atada a la de la macro.

–Depende de cómo se haga. Si el Estado le compra las acciones al accionista mayoritario y paga el precio justo, significa darle a un extranjero los dólares para que los saque del país. Si se expropia, en cambio, no habría fuga de divisas.

–No, porque el sector continuaría siendo deficitario. Además, hay un problema de fondo con YPF y es que el cash flow de la empresa está condicionado por el esfuerzo de la política de dividendos que se hizo bajo este Gobierno. Por esto no se entiende qué podría aportar la nacionalización. Si el objetivo es maximizar la inversión de YPF, el Tesoro no puede hacerlo ni éste ni los próximos años.

–El 88% de las reservas de hidrocarburos del mundo está en manos de empresas estatales. Históricamente, los países ricos en estos recursos fueron víctimas de abusos de empresas que explotaban sus yacimientos y encontraron que la manera de asegurarse el control de la renta petrolera era a través de empresas estatales. Hay ejemplos diversos. Pero nacionalizar YPF no es la solución para los problemas energéticos argentinos.

–No hay consenso. Hay empresas estatales muy buenas como la de Noruega, menos buenas como la de Brasil y muy malas como la de México. Hay empresas privadas muy buenas como la Exxon y otras muy malas. En mi opinión, el tema no es pública versus privada: es si la firma es buena o mala.

––Las empresas no tienen por qué preocuparse de la sustentabilidad en el suministro de energía del largo plazo. Si un país fija las reglas, las empresas maximizarán el rendimiento en el horizonte más corto posible sin hacerse cargo de si la economía tendrá la energía suficiente para crecer y crear empleo.

–La Argentina debe dar condiciones para que la inversión privada que ya está encuentre su rol, pueda saber qué puede hacer, cuánto debe pagarles a las provincias, a la Nación y cuál es la rentabilidad de esos proyectos. El Estado argentino no está en condiciones de absorber las responsabilidades de recuperar el sector energético. El sector privado debe poner mucho.

–Si YPF sigue en manos privadas no quiere decir que el Gobierno no puede influir sobre el reparto de la renta petrolera, la inversión, la tecnología o el cuidado del ambiente. El Estado debe influir sobre todos estos asuntos sin necesidad de crear una empresa estatal. Para eso hay que definir una política energética.

–Las dos grandes discusiones en el tema hidrocarburos en nuestro país fueron Estado vs. privados y provincias vs. Nación. ¿Quién es el dueño y quién entrega las áreas en concesión? Hoy las provincias aprueban las concesiones, pero no definen la política petrolera o gasífera global. ¿Cómo puede ser que la Nación mantenga la responsabilidad de la política la explotación y la exploración de hidrocarburos? La actual ley de Hidrocarburos es del gobierno de Onganía.

–La política energética de la Argentina no puede estar en función de YPF pero sí el plan de negocios de la empresa debe ser consistente con el marco legal. No podría darse el caso que Repsol utilizara el cash flow de la firma para explotar yacimientos del grupo en Libia. La política de negocios de YPF no debe diferir diametralmente de la política energética argentina.

–¿La pelea entre el Gobierno e YPF tiene precedentes en el país?

–Sí. Ni el peronismo ni el menemismo ni el kirchnerismo sostuvieron una política de continuidad hacia YPF. El primer peronismo empezó con una política estatista y monopólica. Cuando Perón enfrentó una crisis de balanza de pagos y vio que YPF no aportaba una solución, desarrolló contratos con las multinacionales y en 1954 firmó uno famoso con la California Oil. El enfoque inicial de YPF con el menemismo fue interesante: se construyó la primera empresa privada sin entregarla a una firma extranjera como sucedió con la telefonía. YPF fue privatizada de manera atomizada y el Estado mantuvo el 20%. Las decisiones sobre sus negocios se hacían en la Argentina y desde la Argentina hacia el mundo. Luego, el propio Menem abandona el modelo para cumplir las metas del primer trimestre de 1999 que había impuesto el FMI. Menem entregó YPF a una empresa extranjera y el proyecto cambió.

–Se incorporó un accionista local a la empresa. En mi opinión el cambio salvó a YPF de su desaparición porque YPF había comenzado a ser una parte más del grupo Repsol. La identidad de YPF había comenzado a disolverse; por ejemplo, el dominio de los mails de los empleados ya no decía “ypf” sino “repsol-ypf”, por citar un caso. Todo esto cambió con la incorporación del Grupo Eskenazi. En mi opinión, el enfoque del Gobierno con YPF no es estatizarla sino reducir el peso del accionista extranjero y armar una suerte de control con empresarios nacionales.

–¿Funcionó?

–El arribo de un socio local aportó más identidad y evitó la disolución de YPF dentro del grupo Repsol. Pero también es verdad que la forma en que se hizo no fue la mejor porque la política de reparto de dividendos que se acordó con el kirchnerismo fue muy agresiva. Además, el accionista que entró es muy pequeño y se endeudó. Ahora tiene que devolver esa deuda y eso impacta en la capacidad de asignar a las inversiones justo cuando el Gobierno necesita divisas.

–¿Hasta dónde YPF fue maltratada por los vaivenes de la macro?

–La afectó mucho. En la primera privatización de YPF, a finales de los 80, la empresa ya estaba en quiebra. Durante la dictadura, fue usada hasta último momento para financiar la “tablita”. La firma vegetó durante los ochenta y era muy difícil manejarla. Todo esto no ocurrió con Petrobras. En Brasil siempre se protegió el cash flow de la empresa. Podemos discutir si se hizo bien o no la privatización de YPF pero no reescribamos la historia de que YPF era una empresa modelo que andaba bárbaro. YPF era una máquina de repartir plata a los directores, a los sindicatos y a proveedores que vendían tubos sin costura a precios 4 veces más caros que los internacionales.

Aquí, publicación original de esta entrevista, en febrero de 2011.

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Repsol ha emprendido una campaña en varios diarios de España y Argentina para reproducir los halagos y ataques recibidos por parte de los más altos cargos del Gobierno argentino durante los tres últimos años. La compañía intenta así poner en evidencia el cambio de actitud de la presidenta Cristina Fernández respecto a YPF. Los anuncios recogen las declaraciones del que ha sido y es responsable de la política energética durante los últimos nueve años, el ministro de Planificación y actual interventor de YPF, Julio de Vido, quien en una entrevista publicada en 2008 en el diario Página 12, afirmaba: “En la Argentina las empresas tienen seguridad jurídica, por eso no hay motivo alguno de preocupación, especialmente en el caso de YPF, ya que conocemos con detalles su plan de negocios e inversión y nos parece adecuado a las necesidades del país.

Igualmente, los anuncios recuerdan las declaraciones que la presidenta, Cristina Fernández, hizo en sus visitas a la sede de YPF, en Buenos Aires. El 22 de diciembre de 2009 se refirió a YPF como “la más grande e importante en términos de volumen económico y de aportes contributivos al Estado”. También se recogen la defensa de YPF que el vicepresidente, Amado Boudou, hizo en febrero de 2011 contra las actuaciones de otras compañías petroleras: “YPF está haciendo un esfuerzo muy fuerte, está atendiendo el 64% del mercado y no es saludable que otra petrolera pretenda avanzar sobre el conjunto de sus competidores y sobre los consumidores argentinos”.

Entre todas las frases, resulta especialmente llamativa, y no tan conocida en la opinión pública, la que pronunció en noviembre de 2011 el que entonces era representante del Estado en el directorio de YPF, Roberto Baratta: “El Estado Nacional está en todo de acuerdo con las actividades que la compañía viene desarrollando”.

A renglón seguido aparecen los ataques que empezaron a arreciar a partir del 26 de enero de 2012 cuando en su primera comparecencia pública tras ser operada de un supuesto tumor, Cristina Fernández declaró: “No podemos volver a tiempos del virreinato donde se llevaban todo el oro y la plata y no dejaban nada”.

El anuncio, firmado por la directora de Comunicación de Repsol, Begoña Elices, concluye con la pregunta: “¿Qué razones hay para este cambio de actitud que ha acabado con la confiscación de las acciones de Repsol en YPF?

Aquí, publicación original de este artículo.

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YPF-Repsol, en cifras

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Al paso que vamos, el Gobierno (de España) acabará la semana dirigiendo las carabelas contra Argentina a propósito del tórrido asunto de la nacionalización de YPF. No seremos nosotros los que justifiquemos una operación en la que los intereses del pueblo argentino saldrán bastante menos beneficiados que la camarilla política y económica que rodea a Cristina Fernández. Pero de ahí a vender esto como un ataque a las esencias de la Patria española existe un trecho largo. La distribución accionarial de Repsol muestra que un 51,5% de la compañía está directamente en manos extranjeras (Pemex 9,5% e “Institucional extranjero” 42%) y sólo el 10,8% está en manos de accionistas minoritarios. Y si uno es de donde tributa, Repsol solo paga impuestos en España por el 25% de los beneficios obtenidos en todo el mundo (a un tipo impositivo efectivo del 26,8%).

Pero lo verdaderamente sorprendente es el modo en que un ejército de juglares pone a este gigante corporativo como ejemplo de compañía al servicio del interés general. Desde el punto de vista del desarrollo y la expansión de las empresas multinacionales en el siglo XXI, Repsol constituye un contradictorio estudio de caso en el que los abusos fiscales, sociales y medioambientales conviven con un intento de ir adaptando su modelo de inversión a estándares éticos más exigentes. Y lo primero todavía pesa más que lo segundo.

Durante los últimos años, Repsol ha suspendido en todos aquellos asuntos en los que la sociedad civil ha decidido investigar. A mediados de la década pasada, la compañía fue acusada de aprovechar la debilidad normativa e institucional de los países en los que actuaba para eludir sus responsabilidades legales en los ámbitos del medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas. En el espinoso asunto fiscal, investigaciones recientes que analizan las últimas décadas han mostrado que los contratos de Repsol en América Latina le reportaron “beneficios extraordinarios” (aquellos que los expertos consideran que están por encima de la tasa de retorno razonable para dicha inversión), en perjuicio de los ingresos públicos de los países de inversión (Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Venezuela). Bien utilizados, estos “ingresos no percibidos” hubieran supuesto la cobertura educativa y sanitaria de millones de ciudadanos latinoamericanos a lo largo de estos años.

La irresponsabilidad del sistema fiscal global –aprobado por políticos y diseñado por lobbies empresariales- permitió que estos fondos se tradujeran en desorbitados retornos privados. Como señala el Observatorio de la RSC, Repsol es la empresa del Ibex 35 con mayor número de sociedades domiciliadas en nichos y paraísos fiscales (45, en concreto). Y solo recientemente la compañía ha comenzado a ofrecer información desagregada por país de sus reservas, inversiones, beneficios o impuestos pagados. La transparencia de este tipo de información constituye el punto de partida de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

Hasta aquí podríamos estar hablando de cualquier otra gran empresa de gas y petróleo. Pero lo cierto es que en algunos de estos campos Repsol ha respondido a las demandas de la sociedad civil y ha tratado de ir un paso más allá. Junto con una mayor transparencia en sus números, la compañía ha puesto en marcha un plan de relación con comunidades indígenas que podría ofrecer interesantes resultados en poco tiempo. Y lo que es más importante: en estos asuntos, el gigante extractivo está abriendo brecha y asumiendo riesgos en un país en el que la responsabilidad social de las empresas está todavía más cerca de Plácido que de Greenpeace.

Cuando se le pase el sofoco, el Gobierno haría bien en extraer alguna lección de esta situación. En contra de lo que sugiere la retórica oficial, las grandes empresas españolas que operan en América Latina son percibidas con enorme recelo por la ciudadanía. Se repiten los casos de servicios caros y defectuosos, beneficios desorbitados y abusos sociales y medioambientales. Cuando una empresa no se gana el respeto para operar en un país extranjero, disminuye su capacidad para gestionar riesgos y prevenir conflictos, y aumentan los costes de transacción en toda su cadena de valor.

El tiempo en el que los Estados latinoamericanos estaban obligados a aceptar cualquier inversión a cualquier precio parece estar esfumándose rápidamente. Si las instituciones públicas de nuestro país quieren expandir las oportunidades empresariales a través de proyectos como la Marca España, tendrán que estimular modelos que garanticen la “licencia social” y ofrezcan un valor añadido. Este es el camino que ha elegido Canadá, por ejemplo, a través de iniciativas como Building the Canadian Advantage. Y es el camino que podría elegir el Gobierno español.

Aquí, publicación original de este artículo.

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 MADRID.- Dos semanas después de la expropiación de YPF, desencadenante de la más grave crisis diplomática desde que el PP llegó al poder, las represalias con que amagó el Gobierno parecen haber quedado en agua de borrajas. La orden ministerial que da prioridad al biodiesel europeo sobre el extracomunitario tendrá efectos muy limitados si, como materia prima, las fábricas españolas importan aceite de soja argentino; y la eliminación de los privilegios arancelarios, pedida por el Parlamento Europeo, solo afecta al 27% de las ventas de Argentina a la UE y por unos pocos meses, pues que su derogación estaba prevista para 2014.

El G-20 ha aprobado una declaración genérica en contra del proteccionismo y a favor de las inversiones extranjeras ante la que Argentina no se ha dado por aludida; y la amenaza de negociar por separado con los restantes socios de Mercosur el acuerdo con la Unión Europea, excluyendo a Buenos Aires, ha provocado de momento un cierre de filas de sus vecinos.

El Gobierno ya ha empezado a replegar velas, consciente de que los intereses económicos de España en Argentina no se limitan a Repsol y de que la relación estratégica entre ambos países sobrepasa los desacuerdos entre sus Gobiernos. Ese es el mensaje que más se repitió en el desayuno que el ministro José Manuel García-Margallo ofreció el pasado jueves a sus antecesores en Exteriores y donde se escucharon dudas, aunque no críticas, sobre la estrategia seguida hasta ahora. Probablemente, el resultado final hubiera sido el mismo, pero las admoniciones lanzadas desde Madrid tuvieron el efecto de inflamar el populismo de Fernández de Kirchner, que presentó la incautación de las acciones de Repsol en YPF como una afirmación de soberanía ante la antigua metrópoli.

En todo caso, la posible sobreactuación de García-Margallo, quien convocó al embajador argentino en España, no fue fruto de un calentón. Fuentes de Exteriores sostienen que el objetivo era advertir de que la expropiación provocaría una crisis diplomática, frente a la pretensión argentina de circunscribirla al terreno económico.

Cuando el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia, se reunió el pasado 22 de febrero en Buenos Aires con el canciller argentino, Héctor Timerman, este le dijo que no estaba autorizado a hablar de YPF, porque era un asunto empresarial. A su regreso, Gracia escribió una alarmante nota que llegó el viernes 24 a la mesa del Consejo de Ministros. Ese mismo día, a petición de Rajoy, el Rey llamó a Cristina Fernández y, fruto de esa conversación, el ministro de Industria, José Manuel Soria, viajó a Buenos Aires la semana siguiente. “Repsol quiere seguir en Argentina y España quiere que siga. Si por algún motivo Argentina no quiere, nos gustaría saberlo”, le dijo Soria a los ministros de Economía y de Planificación, Héctor Lorenzino y Julio de Vido respectivamente. Estos guardaron silencio. Soria salió convencido de haber logrado la creación de un grupo de trabajo para debatir la situación de YPF y así lo anunció. Pecó de imprudente, pues la parte argentina lo desmintió públicamente. Fue el último contacto oficial.

Aún hubo un nuevo intento oficioso. El 15 de marzo, el expresidente José María Aznar recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), en Buenos Aires, y el Gobierno le pidió que hablara con Fernández para parar lo que ya parecía inevitable. No fue posible, pues ese día la presidenta argentina realizó una visita a Chile aplazada antes en dos ocasiones. A principios de abril, Rajoy remitió una carta a Fernández que esta ni contestó.

“Lo único que no se puede es no hacer nada”, dijo una persona próxima a Rajoy cuando se consumó la incautación. El problema es si se ha hecho lo más útil para que Repsol obtenga un justiprecio por las acciones de YPF; y si la crisis bilateral tendrá efectos colaterales sobre la Cumbre Iberoamericana de Cádiz. García-Margallo dijo que Argentina se había “pegado un tiro en su propio pie” con la expropiación. El tiempo dirá si España lo ha hecho también.

Aquí, publicación original de este artículo.

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El gobierno de España, que encabeza Mariano Rajoy (Partido Popular), aclaró que no aplicó ninguna represalia contra la Argentina por la decisión de la administración de Cristina Kirchner de expropiar YPF a la compañía ibérica Repsol e insistió con el pedido de que se pague un precio justo por la virtual confiscación que se produjo de esa petrolera en Buenos Aires .

Según información publicada hoy por diversos medios españoles, el encargado de plantear la posición oficial española fue el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria -uno de los más combativos funcionarios al momento del anuncio de la medida en Buenos Aires-, quien se ocupó de aclarar la posición de Madrid en el conflicto.

Las declaraciones del funcionario coinciden también con trascendidos publicados hoy en el diario El País, sobre una supuesta decisión de La Moncloa de moderar el tono del conflicto bilateral.

“El Gobierno ya ha empezado a replegar velas, consciente de que los intereses económicos de España en la Argentina no se limitan a reposl y de que la relación estratégica entre ambos países sosbrepasan los desacuerdos entre sus gobiernos. Ese es el mensaje que más se repitió en el desayuno que dio el ministro José Manuel García Margallo, el pasado jueves a sus antecesores en Exteriores”, indicó el rotativo.

Esta mañana (hora trascendieron nuevas declaraciones de Soria, el otro ministro que más alto había pronunciado las quejas contra la administración Kirchner.

“Preguntado por el caso YPF, el ministro ha insistido en que el Gobierno no ha adoptado ningún tipo de represalia, sino que ha suspendido los tratamientos de preferencia que España daba al país andino en determinadas importaciones como el biodiésel”, estableció en su edición el portal de noticias Europapress .

Asimismo, el diario El Confidencial indicó que “Soria ha confiado en que se delimite el ‘justiprecio’, y ha preferido no pronunciarse (sobre una posible venta de parte del paquete accionario a una compañía china) hasta que no se retribuya la expropiación”.

Aquí, publicación original de este artículo.

 

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One Comment → “Petróleo y política: YPF, Repsol y la razón de Estado”

  1. antonio 2 years ago   Reply

    Lo escuchaste anoche a Bomrad por america 24 en el programa de Sylvestre? No se puede creer la capacidad que tiene para saltar de derecha a izquierda, Te acordas de el no? el que queria fundar el partido 1810 con el cuento que era un virgo en politica. Soy Antonio Abid, me mencionaste en aquella nota del 14 de abril de 2.002.- No se si te acordas, hablamos por telefono por esa nota. Espero que este bien. Un abrazo

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