Venezuela: hay que salvar a la libertad de prensa de Chávez y de los propios medios, por Boris Muñoz

19 noviembre, 2011

Como todos sabemos, durante la última década el gobierno y los medios privados venezolanos han estado librando una guerra cuyo campo de batalla es la sociedad venezolana. Diez años atrás, todavía el líder prometedor de un proceso de transformación, el presidente Hugo Chávez dijo: “En la lucha de clases, los medios privados están del lado de la oligarquía”. En una conversación con la periodista Angela Zago, una de sus consejeras de entonces, dijo que le gustaría librar “esa lucha” contra los medios privados.

Pero no quiero retratar a los medios privados únicamente como víctimas. Toda guerra tiene al menos dos lados. La extrema desconfianza de Chávez respecto de los medios privados tiene algunas bases. Durante la década pasada, varios medios privados han transformado la mayoría de sus programas de noticias y opinión en maliciosos propagadores de calumnias.

Y, por supuesto, no es acertado decir que la confrontación entre el gobierno y los medios privados es nueva, o exclusiva de la administración de Chávez. Los medios privados y el gobierno se fueron involucrando en una más o menos abierta confrontación desde principios de los ‘80s, después de una dramática devaluación de la moneda que destrozó los sueños de Venezuela de convertirse en un país del primer mundo. Los medios de comunicación privados, en especial RCTV, de alcance nacional, comenzaron a criticar al gobierno y al sistema democrático en forma implacable. Los críticas se volvieron aún más severas después de que el levantamiento social de febrero de 1989 fuera reprimido brutalmente por el ejército. De modo que todas las posteriores administraciones replicaron amenazando con cortar los recursos necesarios para mantener a los periódicos y estaciones de televisión en funcionamiento o peleando escaramuzas abiertas con los propietarios de los medios.

Después del debut de Chávez en la arena pública en 1992, la confrontación aumentó. Cuando el presidente Carlos Andrés Pérez fue acusado de corrupción, RCTV y el diario El Nacional instigaron una dura campaña contra el sistema político bipartidista y el poder presidencial. Esta campaña tuvo gran influencia en la opinión pública y fue un factor crucial en el juicio político y la posterior remoción de Pérez de su cargo en 1993. En otras palabras, los medios, deliberadamente o no, ayudaron a socavar el sistema que sostenía la experiencia democrática venezolana, que comenzó en 1958 y duró hasta 1998. Por tanto, hoy, cuando los medios afirman que Chávez los acosa, se debe subrayar que la guerra de medios es un problema histórico de profundas raíces y  que sólo se ha vuelto peor a medida que los años pasaron. En verdad, la historia de esta guerra ha sido pobremente investigada y entendida.

Sin embargo, uno no puede dejar de advertir un elemento que claramente distingue al gobierno de Chávez de sus predecesores. Como muestra la  cita que mencioné al comienzo, la diferencia crucial es que Chávez buscó activamente iniciar una batalla contra los medios privados. Y Chávez declaró la guerra no sólo a los medios, sino también al periodismo como institución social.

La primera ronda de esta nueva guerra ocurrió en 1999, cuando la luna de miel de Chávez con los medios todavía era fuerte; decidió combatir a Teodoro Petkoff, editor del diario El Mundo. Presionando al dueño del periódico, logró forzar la renuncia de Petkoff. La segunda ronda llegó más tarde ese mismo año, en diciembre, cuando rechazó la veracidad de varios informes de El Nacional sobre violaciones a los derechos humanos durante las inundaciones en el Estado de Vargas.

Se puede decir que, hasta ese momento, los propietarios de los medios habían creído que Chávez era manejable y más de lo mismo. Pero Chávez sabía que necesitaba controlar a los medios para tener poder real, y eligió las comunicaciones como su campo de batalla.

Desde entonces, los medios privados consideraron a Chávez como su principal oponente y devolvieron el golpe. Entre 1999 y 2003 hubo un aumento sostenido en las confrontaciones con los medios. El punto más crítico en esta guerra fue el 12 de abril de 2002, durante el golpe de Estado. Ese día, la mayoría de los mayores medios privados, incluyendo a los más importantes canales de televisión y periódicos, realizaron un “apagón” de medios para mantener desinformado al público. Los únicos programas que emitieron fueron dibujos animados.

Como sabemos, el golpe falló, y el 13 de abril Chávez regresó a la Presidencia.

Ese momento marcó un punto de inflexión en la narración de la guerra de medios en Venezuela, por tres razones. Primero, el apagón fue un ataque directo contra la democracia que hirió gravemente la confianza pública en los medios privados. Segundo, llevó al público a preguntarse a qué intereses realmente servían los principales medios privados del país. Tercero, el golpe dio al gobierno munición suficiente y argumentos para desacreditar cualquier intento serio de recuperar la credibilidad de los medios privados.

¿Cuáles fueron las consecuencias?

La guerra de medios convirtió a los más importantes medios privados en sustitutos de los partidos políticos que ellos mismos habían ayudado a destruir. Esto es, se convirtieron en trincheras de la oposición. Esto ha llevado al reemplazo de los principios editoriales por agendas políticas e intereses económicos, y del periodismo de hechos por el basado en opiniones. Mientras tanto, el periodismo de investigación riguroso ha sido deplorablemente abandonado. En general, los periodistas, como trabajadores de los medios, han quedado atrapados en el fuego cruzado entre el gobierno y los intereses económicos y políticos de los propietarios de los medios.

Al mismo tiempo, la guerra de medios fue el punto de partida para la creación de una impresionante plataforma estatal de medios. De acuerdo con Andrés Izarra, ministro de Información, los objetivos de esa plataforma eran erigir un muro contra los ataques de los medios privados y dar la oportunidad al gobierno de transmitir un imaginario oficial –y yo añadiría, idealizado—del proceso revolucionario. “Nuestro socialismo necesita una hegemonía de medios”, dijo. “Y las comunicaciones son un servicio público que debe ser conducido por el Estado”.

Es importante advertir que esta plataforma ha sido mucho más allá de la crisis que la originó, y se ha convertido en un componente estructural del gobierno de Chávez. Pero este es sólo un aspecto del control hegemónico sobre la comunicación que el gobierno busca imponer a la sociedad venezolana. Ha creado simultáneamente una serie de leyes e instrumentos legales, tales como la Ley de Responsabilidad Social en la Radio y la TV, y una propuesta para la reforma del Código Penal, a fin de proteger a funcionarios y empleados públicos de las investigaciones o denuncias en los medios. La mayor prueba de que esta hegemonía comunicacional implica poder político fue el cierre de Radio Caracas Televisión, la más importante y antigua estación del país, en mayo de 2007. Pese a protestas nacionales e internacionales, el cierre de esta estación tuvo un costo político relativamente bajo en relación con el que el gobierno esperaba. Este ignoró a sus críticos y procedió con la clausura, logrando así limitar severamente la capacidad de la oposición de llegar a una audiencia nacional.

Esta lógica también amenaza a Globovisión, el canal de noticias que es la única estación privada de televisión y crítica del gobierno que ha sobrevivido. Otra vez, el destino de la estación está entrelazado con los intereses políticos y económicos de sus propietarios. En junio pasado, el Instituto Prensa y Sociedad, en Venezuela, y la revista Semana, en Colombia, publicaron algunos cables de WikiLeaks que mostraban cómo el gobierno había presionado al banquero Nelson Mezerhane, el más grande accionista de Globovisión, para que comprara la porción de sus socios de modo de controlar la línea editorial. A cambio, le prometía salvar su banco de la nacionalización.

Afortunadamente, no ocurrió. Pero el gobierno ha aumentado su asedio sobre Globovisión al imponerle una multa de dos millones de dólares por instigar el desorden social al informar del más grande motín carcelario. No es la primera vez que este tipo de sanción ha sido utilizado para intimidar a un medio. En 2006, el periódico Tal Cual y Globovisión misma tuvieron que recolectar dinero del público para pagar penalidades que llegaban a varios millones de bolívares.

El hecho es que hay una gran presión sobre la prensa y la sociedad en su conjunto para que se sometan a un modelo autoritario que rechaza la indagación periodística. Como resultado, los periodistas tienen que trabajar para una prensa que no tiene legitimidad.

Evidentemente, para evitar convertirse en blanco y sobrevivir, los medios han comenzado a adaptarse. Actualmente son comunes la censura y la autocensura en radio, televisión y periódicos. Los avisadores se protegen de la acusación de ser contrarrevolucionarios absteniéndose de publicar avisos en los medios contrarrevolucionarios. Unión Radio, el más importante circuito privado, ha pedido a sus conductores radiales que suavicen sus críticas y ha reestructurado toda su programación, quitando del aire muchos programas políticos o reduciéndolos al mínimo.

En la situación que he estado describiendo, la propaganda y la opinión desplazan la política y la información de su lugar en la sociedad. Ese es el objetivo último de un Estado de Medios bajo el mando de un autócrata. El problema es que la constante amenaza del castigo y la violencia, respaldada por las fuerzas coercitivas del Estado, socava la posibilidad de tener una prensa libre y, en consecuencia, la auténtica libertad de expresión.

En un país donde los medios se hallan bajo ataque y la autonomía de instituciones públicas como el sistema judicial está seriamente dañada, periodistas y trabajadores de los medios se encuentran a menudo en una situación extremadamente difícil. Trabajan en un clima de creciente hostilidad y bajo una intimidación también creciente. Un estudio realizado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) muestra que las amenazas y los ataques físicos contra periodistas en Venezuela han aumentado en forma continua entre 2002 y 2009. Durante los últimos siete años, 464 ataques físicos y verbales y amenazas judiciales han sido reportados contra periodistas y medios. De hecho, el periodista Leocenis García, director del semanario político El Sexto Poder, se encuentra actualmente detenido, acusado de difamación.

Todo esto lleva a mi primera conclusión: ganar batallas importantes contra los medios privados ha permitido a Chávez organizar un proyecto político basado en el control y la manipulación de las comunicaciones y la opinión pública.

He aquí una segunda conclusión: una tarea central del nuevo marco legal es blindar al gobierno frente al escrutinio público y la necesaria transparencia, al privar a los periodistas de la posibilidad de conducir investigaciones e informar de forma seria y rigurosa.

Esta estrategia de autoritarismo suave está atada a otra instancia de control, que me gustaría llamar neutralización selectiva. En ella, el gobierno identifica a periodistas y formadores de opinión que considera peligrosos y los neutraliza haciéndolos bajar el tono de sus críticas o quitándolos de la arena política. Hay muchos ejemplos de esta neutralización selectiva. Los dos más notorios son los periodistas Nelson Bocaranda, uno de los más populares conductores de radio del país, y Alberto Federico Ravell, quien dirigía Globovisión. Ambos son prominentes defensores de la oposición. Estos dos periodistas, que habían sido muy críticos del gobierno, han sido forzados a moderarse o renunciar, bajo amenazas de castigo.

Esto plantea preguntas esenciales sobre la calidad de nuestra democracia. Bajo tales ataques sistemáticos contra las voces disidentes, ¿puede Venezuela todavía considerarse una democracia? ¿O sería mejor llamarla una autocracia electoral? Por otra parte, habiendo visto que la guerra de medios fue en parte creada por los medios privados, deberíamos preguntarnos qué se puede hacer para limitar su desastroso impacto sobre la libertad de prensa y la democracia.

Una tercera y última conclusión: la guerra de medios no es sólo el problema político de dos actores contrapuestos. Es también un problema interno de los medios privados. Así que desmontar los mecanismos internos que contribuyeron a la guerra de medios es un desafío de que los medios deberían afrontar.

La agencia oficial que regula los medios, Conatel, tienen claros poderes de intervención que el gobierno utilizará toda vez que considere necesario. La pregunta es ¿realmente necesitamos otro cuerpo regulatorio?

En mi opinión, si los medios van a sobrevivir en los años que vienen, la respuesta es sí. Los medios privados venezolanos deberían crear un consejo independiente para establecer, supervisar e imponer estándares. Este consejo debería ser libre de interferencias de los propietarios de los medios, los políticos y el gobierno.

Sé que no es una idea nueva u original, ni tampoco una solución perfecta. Ha estado circulando durante cierto tiempo y fue propuesta recientemente en la liberal Gran Bretaña, en la estela del escándalo del conglomerado Murdoch, a fin de garantizar información de alta calidad y libre de agendas políticas o privadas.

Me gustaría tomarla prestada y presentarla como una modesta proposición para el debate sobre los medios en América Latina.

***

Boris Muñoz es periodista venezolano, autor de tres libros, doctor en Literatura y Cultura Hispánicas por la Universidad de Rutgers, Estados Unidos. Es fellow del Carr Center for Human Rights Policy de la Universidad de Harvard, y también de la Nieman Foundation for Journalism y del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la misma universidad. Fue editor en Caracas de la revista Nueva Sociedad, colabora habitualmente con las publicaciones Gatopardo, Prodavinci y El Malpensante. Más sobre Muñoz, aquí.

Muñoz leyó este texto en la conferencia sobre Libertad de Prensa en América Latina en la Universidad de Harvard el 18 de noviembre de 2011.

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  1. El resultado es el mismo | El Café de Pascal - 2 years ago

    [...] contra los gobiernos y el sistema democrático. La segunda aseveración la hace Boris Muñoz en su intervención –publicada por El Puercoespín, de Argentina- durante el congreso sobre la libertad de prensa en [...]

  2. La revolución silenciosa del clic « Punto de Vista @SarkASStiKo - 2 years ago

    [...] durante los gobiernos de corte empresarial y durante las administraciones opuestas, leáse la exposición de Boris Muñoz sobre la guerra entre Hugo Chávez y los medios [...]

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