I
El proceso político boliviano es, sin duda, uno de los más ricos y apasionantes del actual escenario latinoamericano. El mismo tiene hondas raíces en la historia y el cruce de temporalidades. Ciertamente, tal como afirman investigadores como Silvia Rivera, Raúl Prada y Luis Tapia, la Bolivia actual es el resultado de la confluencia y yuxtaposición de elementos que provienen de la “memoria larga” (la colonización), la “memoria mediana” (el Estado nacional-popular de los cincuenta) y la “memoria corta” (las luchas antineoliberales, a partir de 2000).
Este cruce de temporalidades asumió una nueva significación a fines de 2005, con el arribo del primer presidente indígena, proveniente de las filas del sindicalismo campesino. El tema no es menor, pues en un país donde los pueblos y naciones indígenas constituyen la parte mayoritaria de una población marginada e históricamente excluida, el ascenso de Evo Morales implicó una revolución desde el punto de vista político y simbólico. En palabras del vicepresidente Álvaro García Linera, “Evo simboliza el quiebre de un imaginario y un horizonte de posibilidades restringido a la subalternidad de los indígenas”.1
Ciertamente, pese a que los pueblos indios conforman el 62 por ciento de la población (según el censo de 2001), la historia de Bolivia aparece marcada por la larga dominación de una minoría mestizo-criolla, lo cual se tradujo en la consolidación de una estructura colonial, con diversas capas y niveles, cuyo desmonte hoy se revela como una tarea larga y por demás compleja. Sin embargo, con sus grandes revoluciones truncas y sus fuertes momentos instituyentes, las diferentes luchas y rebeliones populares han dejado hondas marcas en la memoria histórica, donde la etnicidad ocupa un lugar importante. Por ende, no es casual que el retorno de esa etnicidad al primer plano, más aún, la reelaboración de lo indio, fuera sentando las bases de un proyecto de cambio, “de descolonización” —como se dirá incansablemente desde 2006 en adelante—, cuya gran aspiración es terminar con las estructuras neocoloniales y refundar el Estado y la sociedad en el marco de un modelo incluyente.
Ahora bien, ¿cuáles han sido las vías específicas y el cruce de temporalidades que posibilitaron la apertura de este proceso? Un breve recorrido histórico por la “memoria corta” y la “memoria mediana” puede servirnos para entender el contexto. En 1985, el caudillo nacionalista y nuevo presidente, Víctor Paz Estenssoro, exclamaba: “Bolivia se nos muere”. Con esa frase, tan simple como dramática, se ponía fin al modelo de capitalismo de Estado que, con vaivenes, había sobrevivido desde la revolución nacional del 9 de abril de 1952.2 El proceso fue similar al del peronismo en la Argentina, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en Perú y otros populismos latinoamericanos, que desde mediados de los 80, en un contexto de fuerte inestabilidad macroeconómica (hiperinflación en los casos de Bolivia y la Argentina), viraron hacia un neoliberalismo dogmático, acorde con la hegemonía mundial del Consenso de Washington, la crisis terminal del socialismo real y la victoria ideológica del liberalismo económico. Aunque las transformaciones globales comenzaron en los años 70, fue entre los 80 y los 90 cuando se expresaron con mayor magnitud. En este sentido, Bolivia no hacía más que alinearse con el modelo de acumulación de capital que comenzaba a ser adoptado por sus vecinos, aunque junto con Chile serían pioneras en ese viraje hacia el achicamiento del Estado y las reformas estructurales.
En efecto, la estructura social del país —y sus actores principales— se transformó violentamente. La empresa insignia —la Corporación Minera Boliviana— sucumbió ante el derrumbe de los precios internacionales del estaño y la ola antiestatista. Junto con ello, los mineros, columna vertebral del movimiento popular boliviano desde los años 40, dejaron súbitamente de existir como fuerza social. En 1985, la derrota gubernamental de la “Marcha por la vida” y la posterior relocalización (es decir, el despido) de más de 20.000 trabajadores del socavón acabaron con la “visión proletarizante del mundo” .3 que prevalecía en los sectores subalternos y condenaron a la otrora poderosa Central Obrera Boliviana (COB) —que en los 50 imponía su poder, fusil en mano— a ser una organización testimonial, cargada de radicalidad retórica pero sin capacidad para articular un movimiento obrero que había perdido su núcleo organizativo e identitario y comenzaba a estallar en una numerosa pero inasible clase obrera informal.
Como en otros países de la región, el neoliberalismo no careció de apoyos. La combinación del “trauma de la hiperinflación” (que llegó al 22.000 por ciento) y el “trauma de la ingobernabilidad” —que obligaron a la salida anticipada de la Unidad Democrática Popular en 1985 .4— habilitó una fuerte legitimidad social al retiro del Estado y la promesa de modernización, mediante la inversión extranjera —en lo económico— y la “democracia pactada” —en lo político—, por medio de la cual el Congreso daba luz a mayorías que el electorado no había construido en las urnas.5 Por esta razón, en Bolivia, democracia pactada y ajuste estructural se volvieron casi sinónimos.6 Este régimen procreó cuatro gobiernos, además del de Paz Estenssoro: Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997; 2002-2003), Hugo Banzer/Jorge Quiroga (1997-2002).7 Sin tomar en cuenta el último período de Sánchez de Lozada, al que nos referiremos más adelante, puede considerarse que el “pactismo” generó una etapa de inédita estabilidad política en un país conocido por la cantidad de golpes de Estado en su historia política reciente, al punto que resulta difícil recordar los presidentes que gobernaron entre 1978 y 1982, debido a la escasa duración de sus turbulentos mandatos.
Las reformas estructurales tuvieron su apogeo en los años 90, durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada, el más articulado tanto en lo que concierne a los objetivos (liberalizadores) como al personal tecnocrático con el que contó para realizarlos, con el ingente apoyo de los organismos multilaterales de crédito. Ex productor de cine y empresario minero, “Goni”, como todos lo conocen en Bolivia, creció en los Estados Unidos (su padre era exiliado político), donde obtuvo el acento “inglés-americano” que lo caracteriza, y también los poderosos vínculos con sectores del establishment estadounidense.
Pese a enmarcarse en una corriente continental (y mundial), el neoliberalismo boliviano tuvo sus particularidades. El sistema implementado en las empresas estatales dejó a Entel (la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Bolivia), YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia), ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado), Lloyd Aéreo Boliviano y varias firmas más en manos del capital privado bajo el llamado sistema de “capitalización”.8 Pero, en lo político, el “modelo boliviano” incorporó una cara incluyente. Para compensar el perfil “gringo” del gobierno, Víctor Hugo Cárdenas —compañero de fórmula de Sánchez de Lozada— fue el primer vicepresidente aymara de Bolivia, y desde este cargo impulsó una serie de reformas destinadas a reconocer el carácter pluricultural y multiétnico del país, que se plasmó en la Constitución de 1994, así como también en la nueva política educativa. Paralelamente, la Ley de Participación Popular (que proveyó de recursos y autonomía financiera a los municipios e instituyó el control social) y las diputaciones uninominales dieron vida a una nueva institucionalidad basada en los poderes locales que perdura hasta hoy. Aunque ése no fuera el objetivo, lo cierto es que dichas reformas abrieron un nuevo horizonte de oportunidades que potenció las organizaciones de base. Así, con dificultades, y luchas sociales mediante, las compuertas institucionales se fueron abriendo a nuevos actores, especialmente campesinos e indígenas.
Es en virtud de estas reformas que el naciente Movimiento al Socialismo (MAS) .9 logró las primeras alcaldías rurales y catapultó a Evo Morales al Parlamento en 1997 como diputado uninominal, elegido en la región cocalera cochabambina del Chapare. Las organizaciones populares fueron avanzando en el terreno político mediante un doble juego: por un lado, como acabamos de señalar, en la arena institucional, aprovechando las oportunidades políticas abiertas. Por el otro lado, por medio de la presión sindical, que fue desplazándose desde demandas exclusivamente corporativas (como el rechazo a la erradicación de la hoja de coca) hacia problemáticas nacionales, como el rechazo a la privatización de los servicios públicos y los recursos naturales estratégicos (gas y petróleo), y el llamado a una Asamblea Constituyente para refundar el país y poner fin al colonialismo interno sobre las mayorías indígenas.
En el año 2000 se abrió un nuevo ciclo político, marcado por el protagonismo creciente de los movimientos sociales y el comienzo del cambio en la correlación de fuerzas ideológicas y sociales. Después de una sucesión de derrotas sindicales/populares, ese año, el país asistió a la primera victoria antineoliberal, con la llamada “guerra del agua” en Cochabamba —una rebelión urbano-rural que desembocó en la expulsión de la empresa transnacional Bechtel, a cargo de la concesión del agua—. El modelo instaurado en 1985 presentaba grandes fisuras, que fueron ensanchándose en los siguientes años. En un contexto marcado por la crisis de los viejos partidos políticos, las organizaciones y movimientos sociales fueron desarrollando una importante capacidad de movilización y autorrepresentación político-social. Así, como en ninguna otra parte, en Bolivia la protesta social fue en paralelo con la construcción de alternativas políticas, especialmente por medio del MAS, liderado por Evo Morales, y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), una fuerza indianista fundada en 2000 por el dirigente aymara Felipe Quispe, con gran influencia en la región del Altiplano. Luego se produjeron los cercos aymaras a La Paz liderados por Quispe, que —inspirados en la rebelión anticolonial de Túpac Katari en el siglo XVIII— pusieron sobre la mesa las demandas aymaras y sellaron el fin de un sistema de exclusión étnica que sobrevivió a las buenas intenciones de los años 50, cuando se intentó superar el colonialismo interno mediante la constitución de una Bolivia mestiza.
En 2002, la crisis se precipitó: en las elecciones presidenciales, Evo Morales quedó a menos de dos puntos porcentuales de Sánchez de Lozada, quien accedió a un segundo mandato con sólo el 22 por ciento de los votos. Pronto, esa debilidad electoral se tradujo también en debilidad política. En 2003, una serie de movilizaciones contra la exportación de gas a México y los Estados Unidos, a través de los puertos chilenos,10 derivó en una impresionante insurrección popular que obligó al Presidente, primero, a huir a Santa Cruz e, inmediatamente, a partir rumbo a los Estados Unidos, donde reside hasta la actualidad. La represión militar con la que Sánchez de Lozada intentó frenar lo que consideró una “conspiración narcoterrorista” dejó decenas de muertos y ubicó a la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, en el puesto de vanguardia de la lucha nacional-popular-indígena, inaugurando una nueva era en la historia de Bolivia.
En ese contexto de disolución del viejo orden y de ascenso de los movimientos sociales, el entonces vicepresidente Carlos Mesa asumió la presidencia, pero su política centrista, que intentaba un equilibrio entre el viejo Estado y las renovadas demandas sociales, terminó por estallar en medio de una segunda “guerra del gas”, esta vez con una demanda más precisa: la nacionalización de los hidrocarburos. No obstante, pese a la crisis política y el vacío de poder, el “consenso democrático” pudo mantenerse, delineando así el escenario futuro.
Fruto de este proceso fue la denominada “agenda de octubre”, programa cuyas principales reivindicaciones fueron, por un lado, la nacionalización de las empresas públicas privatizadas, y, por el otro, la convocatoria a una asamblea constituyente. Finalmente, las elecciones del 18 de diciembre de 2005 trasladaron los avances alcanzados “en la calle” a un ámbito electoral/institucional, a menudo esquivo para la izquierda social, y dieron una inédita victoria al candidato del MAS, Evo Morales, secundado por Álvaro García Linera, un intelectual proveniente de las clases medias blanco-mestizas. El proceso de cambio nacía, así, de las entrañas mismas de los movimientos sociales. Legitimado por el 53,7 por ciento de los votos, ya no fueron necesarios pactos congresales, y el nuevo gobierno abrió paso a la denominada “revolución democrática y cultural” que comenzó a plasmarse en la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Así comenzó una nueva etapa del “laboratorio boliviano”, cuyo devenir está siendo escrito estos días y es parte del pasado y el presente que recorre este libro.
II
Debatir Bolivia tiene una doble aspiración. En primer lugar, se propone realizar un balance del primer mandato presidencial de Evo Morales. En segundo lugar, apunta a abrir un debate —necesario, creemos— sobre los verdaderos alcances de las transformaciones de este rico proceso político en curso, de las continuidades y rupturas, de las tensiones y ambivalencias, que se expresan al interior del proyecto de descolonización.
Más de cuatro años han pasado desde que Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia, y hoy transita su segundo mandato, avalado por el 64 por ciento de los votos en diciembre de 2009. Como hemos dicho, son pocos los gobiernos latinoamericanos que han estado caracterizados por fuertes rupturas político-simbólicas, por grandes dificultades y conflictos sociales y regionales. Así, uno de los grandes desafíos durante el primer mandato de Evo Morales estuvo expresado en la polarización, a la vez social y regional. Sin duda, la confrontación entre el nuevo bloque en el poder —liderado por el MAS y acompañado por un conjunto de organizaciones sociales, algunos partidos de izquierda y referentes independientes— y las oligarquías de la región de la Medialuna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) marcó los primeros cuatro años de gobierno, hasta crear una aparente situación de “empate catastrófico” y, en el límite, un peligro de guerra civil “de baja intensidad”.
La apuesta por llevar a cabo un amplio y ambicioso proyecto descolonizador, reflejado en la Asamblea Constituyente, en los cambios operados en el Estado y en la economía, en la propuesta de reforma agraria, entre otras medidas, alimentó una confrontación cada vez más virulenta entre el gobierno y el bloque regional oligárquico. En este escenario de conflicto, las oligarquías regionales pusieron de manifiesto tanto la ausencia de un proyecto unitario de país como la vocación por imponer, en nombre de demandas autonómicas, una política de claro contenido sectorial y racista. Recordemos que la escalada de violencia que desembocó en la masacre de Pando11 produjo como reacción una reunión especial de los países de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) en decidido apoyo del gobierno de Evo Morales.
A fin de dar cuenta de este conjunto de procesos y desafíos, hemos estructurado el libro en dos partes. En la primera, proponemos abrir la discusión sobre una serie de temas centrales: un balance del primer gobierno y las tensiones que podemos advertir en el “proyecto de descolonización”; un estudio acerca del rol de los intelectuales en la escena política boliviana; un abordaje sobre los diferentes usos de la etnicidad.
En “El ‘laboratorio boliviano’: cambios, tensiones y ambivalencias del gobierno de Evo Morales”, Maristella Svampa realiza un balance del primer mandato de gobierno, a través tanto de una lectura de los avances realizados como de ciertas tensiones que recorren el proyecto de descolonización. De este modo, explora la propuesta del Pacto de Unidad presentada por las organizaciones campesino-indígenas en su aporte a la creación de un Estado Plurinacional; se interroga acerca de la relación entre las organizaciones y movimientos sociales y el gobierno del MAS; analiza la importancia de la actualización de la tradición nacional-popular y, finalmente, indaga sobre un tema poco presente en el debate político boliviano: el modelo de desarrollo, de claro corte extractivista, continuado por el gobierno.
“Intelectuales y política en la ‘era katarista’”, de Bruno Fornillo, apuesta a escudriñar el laboratorio político local por el sesgo de lo que genéricamente podríamos llamar —con el sociólogo Pierre Bourdieu— el campo intelectual. El análisis ilustra la importancia de la intervención de los intelectuales en el espacio político boliviano, en un recorrido que no se asemeja a las figuras corrientes que transitan el resto del subcontinente y que ha ido mixturando dispositivos colectivos de intervención y una clara acción callejera; algo que, por momentos, tuvo el mérito de conmover las fronteras que hoy dividen la política del saber. Entre ellos, se destacan los intelectuales que componen el grupo Comuna, dos de los cuales aparecen entrevistados en la segunda parte de este libro.
Por último, el artículo de Pablo Stefanoni, “¿Pueblo enfermo o raza de bronce? Etnicidad e imaginación nacional en Bolivia (1900-2010)”, presenta una meticulosa revisión de las diferentes reelaboraciones de las ideas sobre lo indio y la etnicidad en Bolivia. El objetivo es ilustrar la historicidad de una problemática intrínsecamente ligada a la pregunta acerca de la posibilidad de “construir” o “imaginar” una nación, así como dar cuenta de la variedad de fuentes y actores que han contribuido a forjar el discurso sobre la descolonización. Como podrá observar el lector, el análisis establecido muestra fuertes continuidades en la reelaboración de lo indio, más allá de las rupturas simbólicas efectivamente instauradas por el nuevo gobierno. La segunda parte del libro abre a un conjunto de entrevistas realizadas entre julio y octubre de 2009 a intelectuales que entonces se hallaban en el gobierno, con la idea de ilustrar parte de la dinámica del proceso político actual “desde adentro”: el vicepresidente Álvaro García Linera; Raúl Prada, ex constituyente y luego viceministro de Planificación Estratégica; Alejandro Almaraz, a cargo del Viceministerio de Tierras; Helena Argirakis, coordinadora del Departamento de Autonomía en Santa Cruz. Dichas entrevistas forman parte de un conjunto más amplio que ha servido de base para la elaboración de los artículos presentes en la primera parte.
Así, con el vicepresidente y sociólogo Álvaro García Linera conversamos sobre el final del “empate catastrófico” y la consolidación del nuevo bloque de poder, junto con otros temas de carácter más general. A través del relato apasionado de Raúl Prada, demógrafo y politólogo, nos ocupamos de reflexionar sobre el pasaje del texto constitucional a la ley, en lo que se refiere a la nueva Ley de Gestión Pública, en consonancia con el nuevo Estado Plurinacional y Comunitario. Alejandro Almaraz, abogado de formación y especialista en temas agrarios, realiza un diagnóstico acerca del rol de las ONG en el actual proceso político y nos presenta una visión sobre el alcance de la actual política de redistribución de tierras. Helena Argirakis, cientista política, aborda, desde una mirada tensa y a la vez desgarrada, las diferentes dimensiones del habitus camba, así como también la significación y el desafío de ser cruceño en el gobierno de Evo Morales.
En suma, en el diálogo con nuestros entrevistados nos propusimos abordar gran parte de los desafíos y temas que han recorrido y aún recorren la gestión de Evo Morales y de las decisiones y resoluciones que van diseñando los alcances del proyecto político: aparecen así reflejados las enormes dificultades de la Asamblea Constituyente y los alcances de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional; la derrota de la derecha autonómica, esto es, el final del “empate catastrófico” y el inicio de un nuevo período, marcado por la hegemonía del MAS en el gobierno; las diferentes modulaciones del proyecto de descolonización y sus dificultades (sobre todo en relación con la gestión pública y el reparto de tierras); la inflexión estatista y la apuesta por un modelo nacional-productivo de tipo extractivista; en fin, la consolidación de un liderazgo carismático y la creciente transformación del MAS en un “partido de gobierno”.
Asimismo, hemos seleccionado dos discursos recientes de Evo Morales que han tenido amplia repercusión internacional: el primero, pronunciado en la Cumbre por el Cambio Climático en Copenhague; el segundo, en Cochabamba, donde tuvo lugar la Contracumbre, en abril de 2010. Seleccionamos también un fragmento de la entrevista que realizamos al canciller David Choquehuanca, en la cual nos ofrece la visión aymara acerca del “vivir bien” (suma qamaña), una noción que forma parte de la filosofía y cosmovisión de los pueblos andinos y que hoy aparece como una superficie amplia sobre la cual se van inscribiendo diferentes sentidos emancipatorios. En fin, estos textos tienen la particularidad de situar la especificidad del proyecto de cambio en la doble dimensión de la descolonización cultural y la económica.
Por último, queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos los entrevistados, y entre ellos, muy especialmente a Raúl Prada, con quien tuvimos numerosos intercambios y conversaciones durante el tiempo de elaboración de este libro. Asimismo, agradecemos a Oscar Vega, escritor y miembro del grupo Comuna, por su apoyo constante a aquellos trabajos que conllevan siempre un desafío intelectual y político.
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Una reflexión final sobre el título del libro y la posición de los autores. Como podrán advertir los lectores, los tres artículos iniciales que estructuran este libro no son siempre coincidentes en sus análisis y diagnósticos. Más allá de la valoración positiva o de la empatía política que efectivamente nos suscita el actual proceso político boliviano, nuestro objetivo no estuvo dirigido a presentar una mirada uniforme, esto es, una suerte de visión monolítica que inscribiera el relato en un sentido único lineal. Antes bien, nuestra propuesta, en consonancia con el título, Debatir Bolivia. Perspectivas de un proyecto de descolonización, apunta a presentar diferentes modulaciones que atraviesan el actual proceso político boliviano. Estamos convencidos de que la diversidad de voces y lecturas que presentamos contribuye a instalar un debate abierto, plural y multiforme, sobre una de las experiencias, sin duda, más transcendentes en la historia reciente de América Latina.
MARISTELLA SVAMPA,PABLO STEFANONI,BRUNO FORNILLO
Buenos Aires-La Paz, marzo de 2010
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Debatir Bolivia, perspectivas de un proyecto de descolonización (Introducción). Editorial Taurus
Bruno Fornillo es historiador por la Universidad de Buenos Aires y Magister en Sociología de la Cultura por la Universidad Nacional de San Martín. Es integrante del Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FSOC-UBA) y de la Cátedra de Historia de América Con temporánea (FFYL-UBA), y becario doctoral del Conicet. Actualmente prepara su tesis de doctorado —en Ciencias Sociales por la UBA y en Geopolítica por París.
Maristella Svampa es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.
Pablo Stefanoni es economista por la Universidad de Buenos Aires y periodista. Reside en La Paz desde 2004, donde dirige la edición boliviana de Le Monde Diplomatique y es corresponsal de los diarios Clarín (Buenos Aires) e Il Manifesto (Roma) y del semanario Brecha, de Uruguay.
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NOTAS
November 2nd, 2010 → 11:13 am @ elpuercoespín
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