JUSTICIA POPULAR
I
Algunos se inquietaron pero nadie se sorprendió aquella noche en Santa Lucía, cuando se vio a cuarenta o cincuenta militares rondando las calles de tierra del pueblo. Era el 20 de septiembre de 1974 y, desde que se sabía que guerrilleros acampaban en las sierras del Aconquija y solían bajar a las poblaciones de la zona, no era la primera vez que llegaba el Ejército.
Cincuenta kilómetros al sudoeste de San Miguel de Tucumán, en el comienzo de la ruta que sube serpenteando por los cerros hacia los Valles Calchaquíes, Santa Lucía tenía en esa época menos de setecientas casas. Por encima de todas ellas, en el centro mismo del pueblo, se erguía un colosal edificio de ladrillos a la vista con los vidrios de sus ventanas rotos y el techo de chapa oxidado: el ingenio azucarero, que desde 1882 le había dado trabajo a casi todos los habitantes del pueblo, había sido cerrado en 1968.
Desde entonces, Santa Lucía parecía un pueblo abandonado por la mano de Dios. Las casas estaban despintadas y la basura se acumulaba en las esquinas. Muchos de los habitantes se habían ido, corridos por el hambre, y los que se quedaron sobrevivían como peones rurales, como empleados públicos o como podían. La desocupación, dicen las publicaciones de la época, superaba el cincuenta por ciento.
El único policía que estaba esa noche de guardia se llamaba Hermenegildo Medina, aunque todos lo conocían como Polenta. El fue el primero en el pueblo que supo que los visitantes, aunque vestían uniformes verde oliva y llevaban armas, no eran militares.
Apenas salió de la comisaría a ver qué pasaba se encontró con un grupo de hombres que lo apuntaban con fusiles FAL y metralletas. Le sacaron su pistola, lo obligaron a entrar nuevamente y lo encerraron en el calabozo. Luego revisaron el lugar en busca de armas. Sólo encontraron un revólver calibre 38, veinticinco proyectiles y tres cargadores, que se llevaron junto a una máquina de escribir Olivetti, tres sellos y 24.000 pesos, recaudados por multas. Entonces pintaron en las paredes de la comisaría leyendas con aerosol que decían “¡Viva el socialismo!” y “¡Viva la lucha de los obreros tucumanos!”. Las firmaba la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Era viernes, cerca de las nueve de la noche. Habían pasado menos de tres meses desde la muerte del presidente Perón y la asunción de Isabel, en los que la violencia política se había descontrolado. Sólo en esa misma semana, la Triple A había asesinado al ex vicegobernador peronista de Córdoba, Atilio López, y Montoneros –que a comienzos de mes había anunciado su regreso a la clandestinidad- había secuestrado a los empresarios Juan y Jorge Born, en una operación que dejó dos personas muertas.
Los guerrilleros, con equipos de radio para comunicarse entre sí, se dispersaron rápidamente por el pueblo, con distintas tareas. Colocaron una ametralladora de pie frente a la Iglesia y allí montaron un puesto de guardia; ocuparon la oficina de la Compañía Argentina de Teléfonos y la de Correos; fueron a la casa de doña Dora, la única en el pueblo donde había teléfono particular, y a la del Negro Salinas, a quien le exigieron las llaves de su camioneta y se la llevaron. A pocos kilómetros del pueblo, sobre la ruta 307, habían quedado otros dos grupos, que habían fijado retenes para impedir la llegada de autos, tanto desde el lado de Tafí del Valle como desde el lado de Acheral.
Algunos guerrilleros fueron entonces a la casa del policía Eudoro Ibarra, de 39 años, y otros, a la del cantinero del club de fútbol, Oscar Zaraspe, de 29. Era el capítulo final de un drama que había comenzado casi dos años antes.
El domingo 15 de octubre de 1972, Ramón Rosa Jiménez salió de un bar de Santa Lucía tarde, cerca de las doce de la noche y, cuando iba a desatar su caballo, se cruzó con dos policías. Jiménez, un hachero que vivía en el campo, a pocos kilómetros del pueblo, era uno de los fundadores del ERP y estaba prófugo de la Justicia. En noviembre de 1970 había participado en el asalto al Banco Comercial del Norte, en San Miguel de Tucumán, en el que la organización había robado cinco mil dólares destinados a financiar la todavía incipiente lucha armada. Luego había caído preso y en septiembre de 1971 había sido uno de los catorce guerrilleros fugados de Villa Urquiza, el penal más importante de Tucumán. Ese episodio conmocionó a la provincia, porque hubo cinco guardiacárceles muertos y tres heridos.
Jiménez llevaba esa noche un documento falso a nombre de Pedro Antonio Olmos, pero en el pueblo se sabía quién era. Lo conocían como El Zurdo. Hacía años que se lo veía con personas que no eran de la zona, a quienes llevaba a explorar el monte, que él conocía, según se decía, yuyo por yuyo. Algunos de esos visitantes eran rubios, altos y en Santa Lucía –donde muchos adultos eran analfabetos- llamaban la atención no sólo por su aspecto sino porque se notaba que eran gente instruida, tal vez universitarios.
Cuentan que casi no había una persona en el pueblo a la que Jiménez no se hubiera acercado, para conversar acerca de la necesidad de unirse y luchar contra los explotadores. Si varios jóvenes de la zona se habían incorporado al ERP, era en buena parte por su tenacidad. Ya antes de caer preso había estado durante mucho tiempo sin aparecer por el pueblo y muchos decían que se había ido a Cuba, a entrenarse para la guerrilla.
Esa noche Jiménez se insultó con los policías porque, según se cuenta, a uno a de ellos lo confundió con Ibarra, con quien tenía antiguos rencores. El diario La Gaceta de Tucumán diría que Jiménez, borracho, le apoyó una pistola 45 a uno de los agentes, que enseguida el otro se le tiró encima, que los tres cayeron al piso y que entonces se escucharon un par de tiros, que hicieron que unas cuantas personas se acercaran al lugar para ver qué pasaba. Cuando llegaron, Jiménez estaba en el suelo, herido de bala.
Entre los que observaban, sin conmoverse, estaban Ibarra –ahora sí- y también Zaraspe, que era uno de los pocos en el pueblo que tenía auto. Cuando alguien le sugirió que fuera a buscar su Renault Gordini blanco para llevar al herido al hospital, Zaraspe tuvo una reacción destemplada.
“No voy a ensuciar el auto con este guerrillero. Yo a éste lo llevo arrastrando”, proclamó, para que toda Santa Lucía lo escuchara. Nadie se sorprendió porque todo el mundo conocía a Zaraspe –del colegio, de la banda de folklore o de la cantina del club- y se sabía que era un prepotente, un tipo con pretensiones de guapo.
¿Llegó Zaraspe a atar a su auto a uno de los fundadores del ERP y a arrastrarlo por las calles pobres y polvorientas de Santa Lucía? Algunos dicen que sí, pero la mayoría dice que no, que aquélla fue apenas una de sus bravuconadas, a las que en el pueblo estaban acostumbrados. Que finalmente, después de patearlo un poco, así herido como estaba, fueron a buscar al chofer de la ambulancia del pueblo, Lucho González, y que allí lo cargaron a Jiménez.
En lo que sí coinciden todos los testigos es en que la ambulancia, inexplicablemente, en vez de ir al hospital de Monteros, a sólo diez kilómetros del pueblo, fue a la comisaría de Santa Lucía. Dicen que a Jiménez lo agarraron de los pies y lo entraron a la rastra al pequeño local, donde el que mandaba era Ibarra, y que enseguida se vio entrar a otros policías, llegados rápidamente desde Monteros.
Nadie sabe qué pasó allí adentro, porque cerraron las puertas y las ventanas, pero todos están convencidos de que al herido, en vez de atenderlo, le dieron una paliza. Sólo después de un rato lo sacaron, otra vez a la rastra, lo subieron a la ambulancia y lo llevaron al hospital. Al día siguiente, lunes, le dieron el alta y lo trasladaron a San Miguel de Tucumán, detenido.
Su familia lo buscó durante varios días, primero en las comisarías y después en los hospitales. En ningún lugar sabían nada de él. Después de un par de días, el miércoles, un policía les recomendó ir al cementerio. Allí, un sepulturero les contó que el día anterior habían traído un cuerpo envuelto en una sábana y lo habían enterrado a las apuradas, sin lápida, sin nombre. Tal vez era él, pero cómo tener alguna certeza.
La incertidumbre se terminó el jueves, cuando La Gaceta publicó que Ramón Rosa Jiménez había muerto mientras lo operaban en el Hospital Padilla. “La policía –se leía en el diario- dio a conocer ayer un comunicado donde no se consignan las causas que motivaron la intervención quirúrgica”. A los familiares tampoco se les dieron explicaciones ni se les entregó el cadáver.
Desde entonces, en Santa Lucía muchas veces habían aparecido pintadas y panfletos que anunciaban que Ibarra y Zaraspe habían sido condenados a muerte por un tribunal popular. Muchos en el pueblo tomaban la cuestión más en serio que los propios amenazados. Por su trabajo, el policía andaba armado y de alguna manera estaba más protegido, pero a Zaraspe más de uno le había recomendado que se fuera del pueblo.
“¡Que vengan! ¿Qué me van a hacer? Perro que ladra no muerde”, los rechazaba él, con suficiencia. A veces, cuando veía las pintadas o los panfletos, hasta se reía, burlonamente. El tiempo, que pasaba sin que vinieran a buscarlo, parecía darle la razón.
El 11 de septiembre de 1974 –casi dos años después de la muerte de su amigo Ramón Rosa Jiménez- Mario Roberto Santucho, jefe del ERP, presentó en un plenario del comité central un texto que constituía el sostén teórico de los juicios y castigos aplicados por la organización. Así como el régimen tenía sus tribunales, la organización revolucionaria, en el transcurso de la guerra prolongada que la clase obrera y el pueblo estaban desarrollando para demoler al sistema capitalista, debía desarrollar los suyos. Era lo que se denominaba doble poder, que por razones prácticas era más fácil de ser ejercido en zonas rurales, donde la presencia de la autoridad estatal era mucho más débil que en las urbanas. Ese documento se tituló Poder burgués y poder revolucionario.
Pocos días después, en Santa Lucía, llegaba el momento de llevarlo a la práctica.
Los guerrilleros llegaron a las dos casas casi simultáneamente. En lo de Zaraspe estaban solas sus dos hijas, de cinco y nueve años, y su esposa, que se estaba bañando. Ella era obrera de la fábrica textil Grafanor, en Acheral. En lo de Ibarra, el dueño de casa preparaba un asado, junto a dos vecinos. Su hija más chica, de tres años, jugaba en la vereda. A sus dos hijos más grandes, de doce y quince años, los había mandado al almacén a comprar vino y soda. A su esposa, que era enfermera, la habían venido a buscar para que pusiera una inyección y acababa de salir.
En Santa Lucía nadie tocaba el timbre. Las puertas estaban siempre abiertas. A lo sumo, por cortesía, el que llegaba se paraba frente a la casa y palmeaba, pero los guerrilleros entraron directamente. Cuando preguntaron por Zaraspe, la hija mayor les respondió que estaba enfrente, en la cantina del club, y se ofreció a acompañarlos, pero le contestaron que no. Cuando preguntaron por Ibarra, éste respondió: “Yo soy el policía del pueblo”. En la cantina del club, se dirigieron a la única mesa que estaba ocupada, donde tres hombres jugaban al dominó. Entonces, uno de ellos, que estaba encapuchado, codeó a un compañero, señaló a uno de los jugadores, y dijo: “Es ése”. Quedaría, para siempre, la sospecha de que el encapuchado era una persona del pueblo. A los dos hombres que estaban por comer el asado con Ibarra les ordenaron ponerse contra una pared y a la nena de tres años, que con tanta visita entraba en ese momento a la casa a ver qué pasaba, le dijeron que saliera nuevamente a la vereda y siguiera jugando. Zaraspe levantó la cabeza, vio a los hombres vestidos con uniforme militar y sonrió, sin tomarlos en serio. Enseguida recibió dos balazos de FAL en el pecho y sus compañeros de dominó lo vieron deslizarse lentamente hacia el suelo. Ibarra cayó con un tiro en la cabeza y una de las paredes de su casa quedó manchada de sangre.
Mientras se subían a la camioneta que los esperaba afuera, los guerrilleros que se iban del club de fútbol se cruzaron con la esposa de Zaraspe, que había salido del baño cuando escuchó que un grupo de militares buscaba a su esposo y cruzaba preocupada rumbo a la cantina. “¿Va mi marido? ¿Lo llevan detenido”, les preguntó. Le respondieron que no. Cuando entró al club, lo encontró tirado debajo de la mesa en la que jugaba al dominó, muerto y con un agujero en la espalda.
La esposa de Ibarra escuchó los tiros a unas cuadras de su casa y volvió apurada. Cuando llegó, sobre el frente encontró una leyenda pintada con aerosol que decía “Ibarra pagó su castigo”, con la firma del ERP. Entró y vio que sus hijos lloraban, que los dos vecinos estaban pálidos como el papel y que su marido yacía muerto en el piso. Los guerrilleros ya habían escapado.
La guerrilla rural del ERP llevaba entonces unos seis meses en el monte tucumano, en las laderas de la sierras del Aconquija. En ese lapso ya habían fracasado un operativo de la Policía Federal y otro del Ejército para aniquilarla. En esa etapa la Compañía se dedicaba fundamentalmente a hacer acciones de lo que el ERP llamaba propaganda armada, con el objetivo de lograr el apoyo y la incorporación de campesinos y trabajadores de la zona.
Tres días después de la operación, la revista Estrella Roja, órgano de difusión del Ejército Revolucionario del Pueblo, la explicó de esta manera:
La Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez de nuestro ejército guerrillero tomó el viernes 20, a las 21, el pueblo de Santa Lucía y ajustició a los responsables directos del asesinato por torturas de nuestro inolvidable compañero Zurdo Jiménez, hachador y pelador de caña de la zona, dirigente del PRT, cuyo nombre lleva la unidad. Este acto de justicia popular ampliamente reclamado por los pobladores del lugar, junto con el copamiento simultáneo de la localidad, incluida la comisaría, muestra a la guerrilla rural en plena actividad combativa, acompañando con las armas la enérgica lucha de los trabajadores azucareros.
La reconstrucción de lo que sucedió con Ramón Rosa Jiménez y de los fusilamientos de Eudoro Ibarra y Oscar Zaraspe están hechas en base al libro La Base, de la santaluceña Lucía Mercado, a las publicaciones periodísticas de la época, a los órganos de difusión del ERP y a los testimonios que recogí en Santa Lucía.
En los años que han transcurrido desde entonces mucha gente ha dejado el pueblo y quienes todavía recuerdan aquellas noches las relatan en forma inexpresiva, como si formaran parte de la historia de algún lugar lejano y ellos no las hubiesen vivido. Casi como único testimonio todavía puede verse la cantina del club, donde fusilaron a Zaraspe, que está debajo de una de las tribunas de la cancha. Cuando visité Santa Lucía, estaba cerrado el club, la cantina y hasta la cancha, en la que había yuyos de más de un metro. La falta de un campo de juego en condiciones había obligado al equipo de Santa Lucía a retirarse de la Liga Tucumana de Fútbol.
Cuando quise hablar de aquellos sucesos con los ex miembros de la Compañía de Monte del ERP que conocí, algunos recordaron todavía con indignación la muerte de Jiménez. Uno de ellos me contó que lo había visto el día anterior y que “estaba triste por la muerte de varios compañeros, especialmente de Sayito”. Se refería a Ana María Villarreal, la primera esposa de Santucho, que era salteña pero había vivido muchos años en Tucumán. Menos de dos meses antes había sido fusilada por la Marina junto a otros quince miembros de organizaciones guerrilleras, en el episodio que pasó a la historia como La Masacre de Trelew.
Es notable como los fusilamientos de Ibarra y Zaraspe adquirieron una cierta dimensión épica dentro de la cultura del ERP, que se refleja en la versión de que, como en las épocas medievales, se los ejecutó en la plaza de Santa Lucía, con la presencia de todos los pobladores, en una ceremonia solemne y de tono ejemplificador.
“La unidad reunió a los pobladores y, previa explicación de la sentencia, Ibarra y Zaraspe fueron ajusticiados frente a la más decidida aprobación del pueblo de Santa Lucía, que desde largo tiempo pedía justicia al ERP por el crimen del Zurdito y por los crímenes y atropellos cotidianos de los esbirros policiales contra los vecinos”, se lee en un ejemplar de El Combatiente aparecido poco tiempo después.
En su novela La Compañía de Monte, con las licencias que da la ficción, el ex militante de la organización Eduardo Anguita va un paso más allá e imagina que se hizo la siguiente arenga a los santaluceños: “Que esta sentencia sirva de ejemplo para los cobardes, que sepan que el largo brazo de la justicia popular, tarde o temprano, va a llegar sobre ellos si quieren abusar de nuestro pueblo”.
Muchos de los miembros del ERP que entrevisté dijeron no recordar el caso de Zaraspe e Ibarra, pero los demás insistieron –palabras más, palabras menos- en lo que Estrella Roja dijo tres días después de los fusilamientos: que habían sido “ampliamente reclamados por los pobladores del lugar”.
Uno de los pocos sobrevivientes del comité central del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que en 1970 fundó el ERP me lo explicó en términos prácticos y simples: “Fue el pueblo el que los condenó. Y nosotros no teníamos dónde meter presa a gente en el monte, como hace la guerrilla colombiana. Una cosa es la violencia para mantener un sistema injusto. Y otra cosa es la violencia revolucionaria”.
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Daniel Gutman nació en Buenos Aires en 1970. Es periodista, abogado y docente universitario.
Integra la redacción del diario Clarín. Trabajó, en becas de intercambio, en el diario The Kansas City Star (Estados Unidos) y la agencia de noticias ANSA (Italia). Publicó los libros Tacuara. Historia de la primera guerrilla urbana argentina (2003) y El amor judío de Mussolini. Margherita Sarfatti, del fascismo al exilio (2006), que fue traducido al hebreo.
August 5th, 2010 → 12:00 am @ elpuercoespín
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